7 de June de 2011 00:04

José Serrano, el ministro que llegó al poder con Galo Chiriboga

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El ministro del Interior, José Serrano Salgado, despacha en su nueva y amplia  oficina de las  calles Espejo y García Moreno, en Carondelet. Mide 1,58 metros,  tiene  ojos cafés y cejas profusas. De ademanes resueltos, mira fijamente cuando estrecha la mano.

Sentado en una pequeña silla, a este abogado cuencano de 40 años, que se dedicaba a la defensa de derechos humanos, no le preocupan las olas que ha levantado en sus 26 días en el nuevo cargo.

El 13 de mayo, día de su posesión, levantó la primera. Tan solo minutos después de asumir amenazó a los jueces del Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha si dejaban en libertad al coronel César Carrión, acusado de magnicidio el 30-S.

¿Esta actitud no se contradice con su práctica de derechos humanos? “Lo que hicimos fue denunciar que los jueces tenían un veredicto ya fabricado, nuestro deber es denunciar cualquier acto de impunidad o de injusticia”, responde, y mira al cuadro de Simón Bolívar que tiene al frente.

Sin embargo, esas declaraciones abrieron camino al inicio de un juicio político en su contra, por iniciativa del asambleísta César Montúfar, quien lo acusa de intervenir en otra función del Estado.

“El momento que un Ministro amenaza al juez, evidentemente está incumpliendo sus funciones”, dice el legislador.

Esta fue la primera de las polémicas en que se ha visto envuelto en el cuarto cargo que ejerce bajo las órdenes de Rafael Correa. Primero fue Subsecretario de Minas, Secretario de Transparencia y Ministro de Justicia y DD.HH.

Dos semanas más tarde recurrió a la Función Judicial -a la que critica desde que fue Ministro de Justicia- para combatir la minería ilegal. Pidió al Juez 22 de Garantías Penales de Pichincha que dictara medidas como la destrucción de maquinaria que operaba en las minas de Esmeraldas.

Y, ahora, dirige con entusiasmo el plan de someter al polígrafo a más de 4 000 miembros de la Policía Judicial. Según el fiscal, Washington Pesántez, este es un método que irrespeta, precisamente, los derechos humanos.

Estas son las primeras acciones de este funcionario que se ha ganado la confianza del Presidente, aunque no fue parte del núcleo originario de Alianza País.

De hecho, aterrizó en la función pública de la mano de Galo Chiriboga, actual candidato a la Fiscalía General, que tiene el apoyo del presidente Correa.

Chiriboga es un personaje clave en la vida política del Ministro, pues lo llevó al gobierno de Alfredo Palacio, cuando cayó Lucio Gutiérrez (20 de abril del 2005), en la trifulca de los forajidos que dio pasó al golpe de Estado.

Ambos se conocieron cuando preparaban varios documentos para la Asociación Americana de Juristas. Serrano trabajaba en Cedes, un centro vinculado con varios organismos de derechos humanos. En esos días turbulentos, con Chiriboga iba a la Fiscalía a denunciar la muerte del fotógrafo chileno Julio García, asfixiado por gases lacrimógenos.

Participaron en las manifestaciones y cuando Gutiérrez cayó, Chiriboga fue nombrado Ministro de Trabajo. “Galo me invitó a la Subsecretaría, luego fui Viceministro y después, Ministro”.

Su primer cargo público en realidad fue Director General del Trabajo. Para ser el segundo al mando de esa Cartera debió esperar la renuncia de la entonces viceministra Betty Amores.

Su ascenso en ese Ministerio, paradójicamente, se dio por la renuncia al Ministerio de Finanzas de su actual jefe: Rafael Correa.

“Cuando renunció Rafael Correa como ministro yo salí del Gobierno, pero ni Chiriboga ni Serrano renunciaron”, recuerda la ahora asambleísta Amores. Ella afirma que Serrano no fue parte de los fundadores del movimiento A. País, que auspició la candidatura de Correa en el 2006.

El nombre del Ministro no figura ni en la directiva nacional ni en la de Pichincha, según ratifica otro dirigente del movimiento.

Amores relata que el equipo de Chiriboga estuvo más cercano a la candidatura presidencial de León Roldós. “Ninguno de los dos apareció en la estructura orgánica de Alianza País”.

Finalizada la gestión de Alfredo Palacio, en enero del 2007, Serrano se alejó de la función pública y no fue parte del nuevo gobierno de Correa. Su siguiente aparición política se dio el 10 de mayo del 2007, cuando acompañó a Chiriboga ante la Función Electoral.

Por entonces, Chiriboga quiso inscribirse como candidato para la Asamblea Constituyente.

Democracia Sí fue el nombre de su movimiento para llegar a Montecristi. Sin embargo, la cruzada fracasó: la autoridad electoral calificó 18212 de las 25 267 firmas registradas, con lo que no alcanzó el 1% requerido.

El nombre de Serrano reapareció en julio del 2007, otra vez de la mano de Chiriboga, en calidad de ministro y subsecretario de Minas, respectivamente. Impulsaron la vigente Ley de Minas y el Código de Ética de las petroleras.

Pero, desde mediados del 2008, los tiempos políticos del Gobierno marcaron un alejamiento con su amigo Chiriboga.

Este dejó Minas y Petróleos, perdió en las primarias de A. País para ser candidato a la Alcaldía de Quito y luego fue nombrado por Correa Embajador en Madrid.

En cambio, Serrano mantuvo un nivel de exposición política más bien discreto hasta llegar a Transparencia (octubre 2009).

A partir de ese momento, su figura ha experimentado un ascenso vertiginoso: llegó al Ministerio de Justicia, desde donde auspició las denuncias contra los supuestos responsables del 30-S.

También empujó la propuesta de auditar a los fiscales y jueces penales del país, a través de la Universidad de Talca de Chile. Su argumento fue la ausencia de operadores judiciales idóneos,

Esta propuesta le valió un primer enfrentamiento con la Función Judicial. Para Vicente Troya, entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, ese episodio reflejó una actuación política y no técnica del funcionario.

Esa confrontación se trasladó en la última campaña, cuando defendió la tesis oficial de “meter mano” a la Justicia a través de la consulta del 7 de mayo.

Para Alberto Acosta, ex titular de la Constituyente y fundador de Alianza País, es claro que en estos meses Serrano ha “hecho méritos ante el Presidente” para alcanzar su actual posición.

Aunque José Modesto Apolo, ex secretario de la Administración Pública del gobierno de Alfredo Palacio, quien compartió Gabinete con Serrano, cree que su “honestidad, lealtad y capacidad” le han permitido ganarse la confianza del Jefe de Estado.

Mientras defiende su gestión, en un rincón del escritorio repleto de papeles destaca una foto (1979) en blanco y negro, en la que están Jorge Luis Borges y su padre, José Serrano González, conocido jurista cuencano y vinculado a la Casa de la Cultura.

En su despacho hay una Virgen estilizada, que parece volar desde una pequeña mesa. Fue un regalo de su esposa, la quiteña Mónica Arellano, con quien tiene dos hijos pequeños; el Ministro tiene otros tres hijos de su primer matrimonio con una cuencana.

Su familia siempre ha estado cercana a la cultura. Jorge Luis, su hermano menor, es director del Consejo Nacional de Cinematografía. Él asegura que el Ministro tiene, en apariencia, una estampa dura, “pero es muy simpático y ágil para las bromas”.

Vehemente y frontal. Esos son los rasgos que lo identifican, dice su madre, Rocío Salgado Carpio, también abogada. Así, Serrano, primo de la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga y amigo de la ministra Doris Soliz, dice que lo público es un servicio y su opción de vida son los derechos humanos.

HOJA DE VIDA
José Serrano Salgado

Su s estudios.  Se graduó de abogado en la Universidad del Azuay.  Hizo un posgrado de Gerencia de Proyectos en la Universidad San Francisco de Quito.  
 
Su trayectoria. En el gobierno de Alfredo  Palacio estuvo en los ministerios  de Trabajo y Finanzas. En julio del 2007 llegó al gobierno de Rafael Correa.   

Su activismo.   Como defensor de los DD.HH. fue invitado como pasante a la Corte Interamericana de DD.HH. Defendió  a la comunidad de Sarayacu, en los gobiernos de Gustavo  Noboa y Lucio  Gutiérrez.

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