9 de January de 2013 00:05

La integración de las juntas que procesarán los votos, pendiente

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Para las elecciones de febrero del 2013, el país contará con 80 juntas intermedias encargadas de realizar el escrutinio de los votos en todo el territorio. Serán 21 juntas más que en el 2009.

Estos sitios fueron implementados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de recibir y procesar, con mayor agilidad, los resultados electorales.

Por eso, en estas elecciones, el papel de las juntas intermedias será clave, pues en estos 80 centros se concentrará la información de las actas de las 4 actas de escrutinio -que contienen el resultado de la votación- de las 40 390 juntas receptoras del voto del Ecuador.

Actores políticos ven con preocupación el papel de estos centros de acopio de la información. Aseguran que en las elecciones generales del 2009 estos espacios se convirtieron en sitios donde las organizaciones políticas no pudieron ejercer un control u observación real para garantizar la fidelidad de los que se procese.

“Las juntas intermedias se convirtieron en una especie de caja negra que validaba resultados que no eran auditados por nadie”, dice Martha Roldós, ex candidata presidencial en el 2009, y hoy aspirante a la Asamblea.

En elecciones anteriores, los resultados de las juntas receptoras del voto iban directo a los tribunales electorales provincial, sin pasar por las juntas intermedias. Cada tribunal estaba integrado por siete fuerzas políticas.

Roldós y el legislador Gilmar Gutiérrez (PSP) coinciden en que con el anterior mecanismo era posible ejercer el control de las actas con los votos y realizar los reclamos a tiempo. Ahora, una vez que las actas pasan por las juntas intermedias esa información se “santifica” y los reclamos son más difíciles de realizar y dar seguimiento.

Por eso, le preocupa a Gutiérrez que la selección de los miembros de esas juntas no sea transparente o que no tenga gente independiente. El proceso de selección, a cargo de las delegaciones electorales provinciales, sigue pendiente. Hasta ahora no han sido designados, los 560 ciudadanos que deberán integrar las juntas intermedias.

Según el reglamento del CNE estas se conformarán por tres vocales principales, tres suplentes y un secretario, seleccionados aleatoriamente. El sistema informático dará preferencia, dentro del banco de nombres, a los servidores públicos y luego a los empleados privados. Cada uno de los integrantes recibirá un pago de USD 300 por el período que dure sus funciones.

Al ex vocal electoral Fausto Camacho no le preocupa que los miembros de las juntas intermedias no hayan sido seleccionados aún, pues asegura que su “trabajo es sencillo”. Este consiste en calificar el acta o ponerla en suspenso.

Pero lo que sí cuestiona es que para este proceso haya solo 80 juntas intermedias cuando –según su criterio- deberían ser unas 150 para, en realidad, desconcentrar el procesamiento de datos.

Xavier Buendía del Observatorio Ciudadano, por su parte, señala que a 39 días de los comicios los miembros de junta intermedia no hayan sido designados estas personas refleja “una actuación desprolija” por parte del CNE. Su preocupación es que ellos deben conocer cómo funciona el software para la transmisión de resultados preliminares, así como el sistema informático para el acopio de los votos.

Si bien el reglamento de observación electoral establece que el proceso de ingreso de datos será pública al que pueden asistir un delegado de cada organización política, observadores y periodistas, ninguno de ellos “no podrá interrumpir ni interferir en el funcionamiento de la junta”.

Esto lo critican las fuerzas políticas, quienes aseguran que en el 2009 no fue posible ejercer el control. “La observación de las partidos políticos fue simbólica, estábamos a una gran distancia de donde operaban y la posibilidad de vigilancia fue inexistente”, recuerda Ciro Guzmán del MPD. Por ello demanda que el CNE realice este proceso con transparencia y dar oídos a la oposición.

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