28 de December de 2011 00:01

El informe Andino sobre la ley de medios mantiene multas y sanciones

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El oficialista Mauro Andino ha mantenido en secreto el informe final para votación del proyecto de ley de medios. Hasta ayer, contados asambleístas de Alianza País conocían los cambios incorporados. El texto recién será analizado esta mañana por la bancada.

Este Diario, sin embargo, conoció algunos detalles de cómo quedará el articulado antes de su votación final, cuya fecha aún no ha sido definida en la Asamblea.

Ángel Vilema, uno de los seis coordinadores y parte de la Mesa de Comunicación, dijo, por ejemplo, cómo estaría integrado el Consejo de Regulación. Son siete miembros: uno de la terna enviada por el Ejecutivo, uno de las asociaciones o consejos de Gobiernos Autónomos Descentralizados, uno designado entre los postulantes de los Consejos Nacionales de Igualdad, uno de las facultades de Comunicación Social y tres ciudadanos que postulen ante el Consejo de Participación.

Al legislador opositor César Montúfar (Concertación) le parece que no hay mayor cambio en este punto pues fácilmente el Gobierno tendría mayoría. Anticipa que los ciudadanos escogidos por el Consejo de Participación y de Igualdad serán gobiernistas.

Además, Montúfar, quien ha sostenido que se debiera archivar el proyecto, considera que en este informe “se suavizan los temas, para que sea aprobado”. Pero finalmente “la ley será reescrita por el presidente Rafael Correa a partir de los temas ya señalados”, a través de su capacidad de veto. Por eso mantiene sus reparos a que la Asamblea apruebe una Ley de Medios de consenso.

Vilema también confirmó que se redistribuirán las frecuencias del espectro radioeléctrico entre las disponibles y luego de un proceso de reversión de las obtenidas ilegalmente. Estas se distribuirán equitativamente: 33%, para los medios públicos; 33%, para los privados, y 34%, comunitarios.

Vilema aclaró que este informe será revisado esta mañana en la bancada. Así que podrían incorporarse algunas modificaciones. Celso Maldonado señaló lo mismo, y aseguró que Andino, como presidente de la mesa de Comunicación, presentará el informe en las 24 provincias del país.

Ayer, este Diario pudo conocer otros aspectos que contendría el informe de Andino, según comentarios de sus compañeros.

Así se establece que son empresas privadas de comunicación los medios audiovisuales que cubran el 25% del territorio o lleguen a 10 o más provincias. En el caso de los diarios, son nacionales si editan un número de ejemplares igual o superior al 0,50% de la población nacional en una de sus ediciones en el año anterior.

En el informe se mantienen puntos como la prohibición de ejercer la censura previa a cualquier autoridad. Caso contrario, serían sancionados con multas de entre dos a seis meses de sus remuneraciones, cobrados a través del Consejo de Regulación.

También habría sanción económica para los directivos de los medios de comunicación que ejercieran censura previa al impedir que periodistas traten o publiquen un tema, o “al intentar que lo manejen con cierto sesgo”.

La multa a pagar sería de entre a dos y seis meses de los ingresos del comunicador perjudicado. También habría multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, para los medios que impidan la publicación de un artículo o detengan la emisión de un programa.

A lo largo del informe habría varios artículos a través de los cuales se impondrían sanciones de tipo económico por incumplimientos o violaciones a la ley.

Sobre la responsabilidad ulterior se mantiene este concepto: es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios, contenido que lesione derechos humanos, reputación, honor, buen nombre y la seguridad pública del Estado.

Los medios tendrán responsabilidad ulterior, en lo civil y administrativo, si lo publicado no está atribuido a otra persona.

En cuanto a los comentarios de las publicaciones, que aparecen en las páginas web de los medios, se exige contar con mecanismos de registro de los datos de identificación de la persona. También de autorregulación, para eliminar comentarios que afecten la honra y derechos del ciudadano.

En el informe para la votación se mantendría el concepto de responsabilidad solidaria de los medios, accionistas, directivos y representantes legales por indemnizaciones y compensaciones civiles. Esto en caso de no rectificar o no dar paso a la réplica.

Si el medio no rectifica por su cuenta, el Consejo de Regulación ordenará la publicación de una disculpa en su página web, la lectura o transcripción de la disculpa pública. Si reincidieran, la multa sería del 1% al 10% de la facturación promedio de los últimos tres meses presentada en las declaraciones al SRI.

La reserva de  la fuente

Hay una contradicción en la   garantía de  la reserva de la fuente. Se dice en el informe que nadie podrá ser obligado a  revelar la fuente de la información, “salvo cuando los datos informativos difundidos sean manifiestamente falsos o erróneos, o no puedan ser corroborados con otras fuentes, y además hayan afectado la honra, otros derechos fundamentales o el orden constituido; y siempre que medie orden judicial   fundamentado”.

En ese mismo  artículo se dice que quien viole ese  derecho será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación con una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados. Además, podría responder  judicialmente por la comisión de delitos.


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