18 de May de 2010 00:00

Los indígenas quieren recuperar la unidad

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Redacción Sierra Centro

El auditorio de la Prefectura de Tungurahua, ubicado en el centro de Ambato, estaba abarrotado. Ayer, decenas de dirigentes de Pasa, Pilahuín, Chibuleo, Salasaca, Picaihua y otras comunidades indígenas se reunieron para evaluar la movilización realizada en contra del proyecto de Ley de Aguas.

La convocatoria fue por cuenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Las tres organizaciones lideraron los protestas de las dos semanas anteriores.

El punto central del encuentro fue el análisis de la consulta prelegislativa, que el jueves pasado mocionó el titular de la Asamblea, Fernando Cordero. Ese día, los asambleístas negaron la propuesta, por lo que la votación de la Ley de Aguas quedó en suspenso. Cordero insiste en la consulta...

La reunión se inició a las 11:00 y se realizó a puerta cerrada. Una hora después se escucharon aplausos hasta en los pasillos.

Entre consignas de apoyo a las organizaciones indígenas, los dirigentes de la Conaie, Feine y Fenocin dieron declaraciones.

Manuel Ainaguano, presidente de Movimiento Indígena de Tungurahua (Conaie), señaló que se llegaron a varias conclusiones.

Las principales fueron la ratificación de la unidad de los pueblos de la provincia y la continuación de la socialización de los procesos de movilización que mantiene la Conaie desde hace dos meses. “Ahora, además de analizar el proyecto de ley, también estudiaremos la consulta prelegislativa”, explicó Ainaguano.

Los otros puntos fueron la creación de un Parlamento Plurinacional de los Pueblos de Tungurahua con otros sectores sociales; la sanción a los dirigentes de 17 organizaciones que “traicionaron a la Conaie al apoyar al Gobierno”. Finalmente, la rendición de cuentas a las autoridades locales.

Ainaguano dijo que durante las movilizaciones se identificó a un grupo de líderes que no apoyó las protestas. No se precisaron nombres, comunidades ni tampoco la sanción que recibirían.

No solo en Tungurahua se palpó la división indígena. Comunidades de Cotopaxi y de Chimborazo dieron poco apoyo a la protesta .

El Movimiento Indígena de Tungurahua anunció que será un veedor de la consulta. Otros grupos que vigilarán este procedimiento saldrán desde las provincias de Bolívar y de Chimborazo.

Más allá de la evaluación interna, a la Conaie le preocupa cómo manejará la Asamblea la consulta prelegislativa, una vez que se dé la orden para su ejecución.

Marlon Santi, titular de la organización, pedirá asesoramiento a la OEA, las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo (OIT). “Agotaremos todos los mecanismos para que la Asamblea respete los derechos de los pueblos. Existe una campaña que desinforma y esta podría ser demandada porque se va en contra de la consulta”.

La Conaie también enviará veedores a la Legislatura, pues teme que el Gobierno con sus proyectos de vivienda, la importación de borregos y otros programas sociales influya en las comunidades.

La Ecuarunari se reúne hoy en Quito con todos sus delegados para seguir con estas evaluaciones.

El CNE ayudará en la logística

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, aclaró ayer la posición que tendrá el organismo para cumplir la consulta prelegislativa.

El funcionario sostuvo que el Consejo solo ayudará con logística para que se concrete ese procedimiento en las comunidades indígenas, pues la realización de este tipo de iniciativas no está dentro de las potestades del CNE.

Simon sostuvo que la creación de los mecanismos y normas para ejecutar este proceso deberán salir únicamente de la Asamblea.

Una posición similar tuvo ayer el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, quien defendió la sentencia que exige que se cumpla con esa consulta a las comunidades indígenas.

En una entrevista en Ecuavisa señaló que la consulta prelegislativa no es vinculante. El titular de la Corte Constitucional manifestó que este procedimiento no contempla la necesidad de aceptar todo lo que diga el consultado, “porque eso también vulneraría el principio de legitimidad democrática de los asambleístas”.

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