El prefecto removido de Cotopaxi, César Umaginga, no se quedará de manos cruzadas en la pugna por la Prefectura de esa provincia. Hoy en la mañana presentará una acción penal por arrogación de funciones, en contra de los ocho dirigentes que apoyaron su remoción.
Precisamente, siete alcaldes de esa provincia junto con la viceprefecta Blanca Guamangate, cercana a Alianza País, removieron del cargo a Umaginga. La justificación para esta acción política fue la resolución de la Contraloría, que dispuso la destitución de Umaginga del cargo de Prefecto provincial por el supuesto cometimiento de nepotismo y desviaciones administrativas, como el cobro excesivo de sueldos. Le impusieron una multa de USD 5820.
No obstante, Umaginga, quien tiene el apoyo del movimiento Pachakutik, aseguró que esa resolución fue impugnada el 28 de mayo en el plano contencioso administrativo, y que, por lo tanto, no podía ser removido hasta que no haya un pronunciamiento final sobre esa acción.
La asambleísta Lourdes Tibán (PK) asegura que se han detectado dos errores en la remoción de Umaginga. Primero: que en la reunión donde se removió al Prefecto no hubo quórum. Esto debido a que de los 16 miembros del cuerpo colegiado solamente estuvieron presentes ocho, cuando debían tener la mitad más uno para poder tomar una decisión, es decir nueve funcionarios.
Segundo, que todavía no es una resolución en firme. “El Gobierno utiliza los alcaldes para concretar sus estrategias políticas”.
La lectura de Tibán apunta a que esta remoción se da con el objetivo de posesionar una prefectura gobiernista con miras a las elecciones de febrero del 2013. Por eso, Pachakutik afirma que es una persecución política. A pesar de que reconoce que si Umaginga cometió irregularidades deberá ser destituido. Lo que rechaza es la politización del proceso.