El Gobierno respondió ayer al pedido de aclaración presentado por la defensa de diario La Hora. Este es el último paso, antes de que el juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, Marco Albán, se pronuncie sobre el recurso planteado.
Según el abogado del matutino, Gerardo Aguirre, el Juez debe explicar algunos puntos de su sentencia, en la que obligó al medio de comunicación a rectificar una noticia publicada el 10 de octubre pasado, que hacía referencia al gasto en publicidad estatal.
En el pedido de aclaración, La Hora solicitó al juez Albán que explique qué documentos presentó el Gobierno para afirmar que la publicación del periódico no fue veraz, así como los elementos que llevaron al judicial a determinar que la información difundida no fue contrastada.
Finalmente, le pide que justifique la idoneidad del subsecretario de la Administración, Óscar Pico Solórzano, para presentar la acción de protección como representante del Estado o del Gobierno.
El Régimen contestó ayer sobre la solicitud de aclaración de La Hora. Para el Régimen, esta sentencia es importante para salvaguardar el derecho de la gente a que se rectifique una información; así como un mecanismo para proteger los derechos del Gobierno.
Pero para el diario quiteño, se trata de un abuso de poder y de una sentencia “confusa, contradictoria y evidentemente parcializada”.
Según la defensa del periódico el juez Albán debería pronunciarse hasta hoy con la aclaración de su fallo.
Luego de ello, el medio presentará una apelación a la sentencia. Este recurso deberá ser resuelto por la Corte de Justicia de Pichincha.
Además, el diario analiza iniciar alguna acción judicial en contra del magistrado.
Sin embargo, el miércoles pasado, el periódico ya publicó la carta de rectificación pedida por Pico Solórzano y pidió disculpas al Estado, como lo dispuso Albán.
En la carta, el Subsecretario de la Administración aseguró que la información que recogió La Hora de un informe presentado por la Corporación Participación Ciudadana, era falsa y aclaró que el Gobierno no ha gastado más de USD 71 millones en publicidad, sino apenas USD 12 millones.
Esto, porque, según Pico Solórzano, se sumaron al Gobierno Central gastos de otras instituciones estatales y no se consideraron los descuentos de las agencias de publicidad que recibe el Régimen por pautar.