Gobierno y Justicia reprochan pedido de la CIDH

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Estefanía Celi y Santiago Estrella  politica@elcomercio.com

Los mismos argumentos que el Gobierno ha utilizado para cuestionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el otorgamiento de medidas cautelares se volvieron a esgrimir ayer.

Distintos funcionarios y autoridades estatales criticaron la solicitud de suspensión de la sentencia contra el asambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Ellos fueron condenados a prisión por el delito de injuriar al presidente Rafael Correa.

Sin embargo, la CIDH les otorgó medidas cautelares porque "la imposición de la condena genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión".

Por esta razón, ayer regresaron las críticas a la CIDH. Básicamente, que el Pacto de San José no establece como una función de la CIDH el dictar medidas cautelares. Es decir, ello está solo en su reglamento.

El primero en emitir estos cuestionamientos fue el canciller Ricardo Patiño. Otros funcionarios le siguieron: Vinicio Alvarado, secretario de la Administración; el procurador Diego García; la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; el presidente de la Corte Nacional, Carlos Ramírez...

Finalmente, ayer en la noche, el presidente Correa sumó sus críticas a la decisión del organismo indicando que incluso en su seno, las medidas se decidieron 4 votos a 3.

Tres vías para evitar la cárcel

Si bien la Asamblea no ha decidido tratar de forma institucional la situación de Jiménez, se han comentado sobre los tres caminos que podrían frenar la sentencia a 18 meses de prisión a Cléver Jiménez. La oposición cree que se debe impulsar la amnistía o la anulación de la sentencia. Mientras que el oficialismo va por el perdón presidencial.

La bancada de Pachakutik, en la que milita Jiménez, quiere llegar a un acuerdo de bloque y decidir una estrategia que propondrán a la Asamblea.

Lo que no aceptarán, al decir de Lourdes Tibán, es el perdón ni otra figura parecida: "Aceptarlo sería depender de la magnanimidad de Correa".

Para Virgilio Hernández, de Alianza País, el perdón no sería un acto magnánimo sino una atribución que otorga el Código Penal. "El único que puede resolver es el Presidente, a quien se acusó de un delito".

Pero Andrés Páez, de Creo, maneja una tercera posición: anular la sentencia. Su idea es incluir en el orden del día este caso para cuestionar la legitimidad del cargo de la jueza Lucy Blacio, por los vicios que a su juicio tuvo su nombramiento. Además de insistir en que a Jiménez no se le levantó la inmunidad parlamentaria.

Julio César Sarango Abogado de los sentenciados 'Llevaremos el caso hasta las últimas consecuencias'

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¿Espera que el Estado ecuatoriano acoja las medidas cautelares y suspenda la sentencia contra sus defendidos?

Deben hacerlo porque la CIDH está desde hace más de 30 años emitiendo este tipo de medidas cautelares. No es algo de ahora, que esté sucediendo solo con el presidente Rafael Correa o con la Cancillería de Patiño. Hay jurisprudencia y hay doctrina sobre la aplicación de las medidas cautelares en el país.

Ya hubo un pronunciamiento de la Cancillería en el que cuestiona que la CIDH otorgue medidas cautelares…

Esos pronunciamientos se hacen sin fundamento y sin motivación. Tienen que acoger las medidas, por el respeto a la ciudadanía y al país, e inmediatamente dejar en paz y tranquilidad al asambleísta Cléver Jiménez y a los ciudadanos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

¿Podemos inferir que el Estado no se va a acoger las medidas cautelares de la CIDH?

En este proceso, todos saltan porque está involucrado el presidente Correa. Los jueces claramente violaron la ley y la Constitución en este caso, pero hoy se portan rebeldes y quieren desconocer a la Comisión.

¿Qué pasa en el caso de que el Estado decida no acatarlas?

Se entraría a otros términos, totalmente anárquicos. Ellos deben respetar el marco jurídico establecido. Esto incluye la convencionalidad, que es el respeto a los convenios internacionales que el Ecuador ha suscrito. Si el Estado no respeta esto, corre el riesgo de sufrir retaliaciones.

¿Como cuáles?

Retaliaciones sobre las relaciones comerciales del país, por ejemplo.

Si el Gobierno no acoge el pronunciamiento de la CIDH, ¿qué recursos más tiene la defensa?

Llevaremos el caso hasta las últimas consecuencias. Si no se cumplen las medidas cautelares, impulsaremos el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos quedarnos ahí porque se están vulnerando los derechos.

Las críticas al papel de la Comisión no han sido solo de Ecuador, sino de otros países como Colombia. ¿Qué pasa en la región?

Todos estos gobiernos, quieren tener a la CIDH para que sirva a sus intereses mas no para que defienda los intereses de los ciudadanos que no logran encontrar una tutela judicial efectiva, con jueces imparciales. Si no hay a donde acudir, ¿quién resuelve estas violaciones a los derechos?

Mientras tanto, ¿dónde está el asambleísta Jiménez?

Él está protegido en la Amazonía por los partidarios, simpatizantes y adherentes del movimiento Pachakutik en la provincia de Zamora Chinchipe. Él tiene su residencia allá y la orden de detención se emitió cuando él estaba allá. La gente le pidió que no salga de la provincia, que no se entregue a las autoridades.

Ahora que ya se otorgaron las medidas cautelares, ¿no ha pensado en salir de Zamora?

Él está en libertad, bajo la protección de los pueblos y nacionalidades de la región. El problema es que hoy (ayer) se han dado los primeros pronunciamientos de ciertos funcionarios públicos, que no representan ninguna garantía para él. Esperemos que en los próximos días reflexionen y hagan un análisis debidamente fundamentado.

Mientras tanto, ¿la Policía sigue tratando de ubicarlo?

Sí, eso no se ha detenido.

Caupolicán Ochoa, abogado del presidente de la República, Rafael Correa. ‘No puede ser una maniobra para buscar la impunidad’

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¿Cómo ve la defensa del presidente Correa el otorgamiento de medidas cautelares a favor de Jiménez, Villavicencio y Figueroa?

La Comisión está actuando en función de un reglamento. Un reglamento de un organismo internacional, por más respetable que este sea, no puede modificar la Constitución de un Estado, más aún si en el ejercicio de su soberanía, un Estado se ha dotado de su Constitución. Ecuador es suscriptor de la Convención de Derechos Humanos, no del reglamento.

¿Se alinea con las críticas del Gobierno a la capacidad de la CIDH de otorgar medidas cautelares?

No se trata de una actitud de crítica, sino una sana reflexión jurídica sobre la validez que tendría esta aplicación del reglamento. La Constitución garantiza la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Los ecuatorianos pedimos que se sancione un delito, pero aparece un tercero, extraño al proceso, y dice que se suspenda la sentencia dictada y que está en proceso de ejecución.

La CIDH habla de una posible vulneración del derecho a la libertad de expresión…

Sí, pero eso termina siendo demasiado grosero. Hay que recordar los antecedentes del caso: Jiménez, Figueroa y Villavicencio denunciaron al Presidente como un asesino de lesa humanidad. ¿Es eso libertad de expresión? No, es un abuso de derecho, que tuvo las características de un tipo penal y se convirtió en un delito.

¿Qué pasaría en el caso de que Ecuador decidiera no acatar las medidas cautelares?

Cuando alguien solicita algo, se atiene a que lo acepten o no. En este caso, la Comisión solicitó las medidas cautelares y el Estado verá qué es conveniente. No creo que haya consecuencias negativas para el país.

¿Quién es el que decide si el Ecuador acata las medidas?

El representante jurídico es la Procuraduría, el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería, la Función Judicial. Pero reitero, la sentencia ya está ejecutoriada y las medidas cautelares son preventivas y tratan de anticiparse a un hecho. En este caso, es imposible porque el hecho ya está consumado.

¿La Comisión tardó demasiado?

Llegó tarde. Es una decisión extemporánea y ya estamos frente a una sentencia que ya no admite recursos ni impugnaciones. Esto se trata de un delito común.

¿Qué pasaría si esto se da con cualquier otra persona acusada de asesinato?

Va a ir a la CIDH porque se ha vulnerado su derecho a la libertad. Esta no puede ser una maniobra para buscar la impunidad.

Pero en otros casos en que la CIDH ha otorgado medidas cautelares, el Estado las ha acogido.

Eso no crea un precedente vinculante, pues quien solicita, espera una respuesta, y esta puede ser afirmativa o ignorada.

¿Ha tenido oportunidad de hablar con Correa sobre este tema?

El Presidente está dedicado a tratar los grandes problemas del Estado, para la construcción de este país distinto. Posiblemente estos asuntos serán de menor trascendencia para él. Sería impropio de mi parte importunarle con estos temas.

Sectores del propio Gobierno han abogado por un indulto o perdón. ¿Se ha analizado?

El ofendido puede perdonar a quien ofende y, por consecuencia, se deje sin efecto la pena o las indemnizaciones. Quien debe perdonar es la víctima, así que es una decisión íntima del presidente Correa.



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