Una maniobra del Gobierno impidió ayer que se realice la audiencia de apelación contra el mayor (r) Fidel Araujo, al que acusa de supuesta incitación a la rebelión durante el 30-S.
Cuando en los exteriores de la Corte de Justicia de Pichincha se esperaba el pronunciamiento sobre ese recurso, la defensa de Araujo se enteró que la víspera el propio Gobierno había solicitado el aplazamiento de la diligencia.
El Ministerio de Justicia, a través de un escrito, había pedido a la Corte que no se celebrara la audiencia programada para ayer.
Su argumento fue que su abogado no podía presentarse a la Segunda Sala de la Corte, a la hora fijada por los conjueces.
Ante la noticia, el acusado y su defensa exteriorizaron su extrañeza por el diferimiento de la audiencia de apelación pedida por el Gobierno de Rafael Correa.
El abogado Reinaldo Zambrano dijo que resultaba “raro” que la parte acusadora haya pedido la postergación, sin un argumento que sea sólido y creíble.
La dilación de la audiencia de apelación coincidió con la publicación de los resultados de la consulta popular del 7 de mayo, que faculta al Ejecutivo reestructurar a la Función Judicial.
De ahí que una vez que se instale el Consejo de la Judicatura transitorio, en el que tendrá peso el Gobierno, se procederá a la reorganización de las cortes.
Por eso, la postergación de la audiencia contra el mayor (r) del Ejército abrió la posibilidad de que sea resuelta por jueces nombrados por la Judicatura transitoria que contará con un delegado del Ejecutivo, otro de la Asamblea y un tercero del Quinto Poder.
Sobre los procesos judiciales del 30-S, Correa ya ha anticipado que los jueces deberían declarar culpables a todos quienes el Gobierno considera como mentalizadores y cómplices de la insubordinación policial del 30-S.
Araujo señaló que indudablemente su caso va tomando connotación política. Sin embargo, dijo que cualquier juez que actué apegado a derecho deberá ratificar la sentencia absolutoria a su favor.
En abril, el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha lo declaró inocente, luego de permanecer seis meses detenido.