La Fiscalía General del Estado envió un comunicado a la Contraloría, para que remita el segundo reporte de la investigación a los contratos realizados durante la Asamblea Constituyente.
El organismo detectó presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios profesionales en Montecristi. Ese reporte ha causado una polémica entre el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, la Fiscalía y legisladores de oposición.
La Fiscalía pidió a Cordero que le enviara la segunda auditoría que hizo la Contraloría. Él negó que tenga en su poder o haya conocido ese reporte. Sin embargo, se comprobó que el 5 de agosto pasado, el organismo de control remitió ese documento a la Asamblea.
Entonces, la Legislatura, en un comunicado público, sostuvo que luego de que se verificó que Cordero no tenía ninguna imputación, el informe se lo transfirió a Francisco Torres.
Él se desempeñó como administrador de la Asamblea de Montecristi. En el documento se sostiene que Torres contestó a la Contraloría y que hasta esta fecha no hay respuesta.
Y ahora, para emprender la investigación, la Fiscalía insistió en la entrega de esa auditoría. Esta ocasión la pidió directamente a la Contraloría.
En este sentido, el ex presidente de la Asamblea de Montecristi, Alberto Acosta, acudió anteayer al Ministerio Público para exigir que se agilite la indagación en este caso.
“No es posible que se empañe el proceso más democrático y más participativo en la historia constitucional del país por la duda de que algo se hizo mal”. Él reconoció que “pudimos cometer muchos errores, pero fechorías de ninguna manera”, sostuvo Acosta.