El Gobierno se propuso, al inicio de su mandato, restringir a las Fuerzas Armadas al área de la defensa, no obstante, la realidad cinco años después es distinta.
Una de las primeras decisiones del Régimen fue retirar a los militares de todas las empresas, en las que tenían una participación accionaria. Sin embargo, algunas de estas compañías permanecen en manos de las FF.AA. Así, el consorcio Holding Dine, que agrupa a 14 firmas, entre ellas Santa Bárbara que realiza armamento; la siderúrgica Andec y Fabril Fame, que realiza telas, diseños y calzado.
Desde el 2010, el Grupo pasó a manos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Esto permitirá“apoyar el fortalecimiento del patrimonio del Issfa, para el mejor cumplimiento de sus fines institucionales”, según se informa en la página web de este Holding, a pesar de que el artículo 162 de la Constitución vigente establece que “solamente (las FF.AA.) deben participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional y podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional”.
“Hay una tendencia en el Ecuador de utilizar a los militares en la administración pública; lo que están creando es una burocracia estatal y administrativa”, señaló Bertha García, catedrática universitaria.
La razón: los militares participan en tareas ajenas a la defensa. Una de ellas, la construcción de obras de infraestructura, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Asimismo, apoyan a la Misión Manuela Espejo, que promueve la Vicepresidencia, para ayudar a las personas con discapacidad. Los uniformados han visitado más de 1,5 millones de viviendas, para realizar el levantamiento de información y luego llevar ayuda.
Las FF.AA. también intervienen en el control de los sectores estratégicos, como petróleo y minería. Así, desde finales del 2007 hasta marzo del 2010 dirigieron Petroecuador.