Desde que dirigió la Asamblea en Montecristi Cordero ha intentado proyectar una imagen de sensatez. Pero, durante la entrevista con este Diario, el jueves pasado, el titular de la Asamblea se desborda y es presa de la ira. El diálogo es áspero y hostil.El tema central de la charla se relaciona con los dos informes de la Contraloría sobre las irregularidades detectadas en la contratación de asesores y en los contratos de bienes y servicios durante la Asamblea Constituyente en Montecristi. “Si sabía que me iba a entrevistar por esto me habría negado”, dice Cordero, casi al finalizar el diálogo, que sin embargo fue solicitado a su equipo de Comunicación por EL COMERCIO desde hace más de dos semanas, dejando en claro cuál sería la temática. “Si he cometido excesos me tendrá que disculpar, yo uso vehementemente mis palabras’”.
¿Cómo se están procesando las denuncias sobre las anomalías detectadas en los informes de la Contraloría sobre los contratos en la Asamblea de Montecristi?
Lamento como ciudadano, cuando en Ecuador se habla del debido proceso, eso es para todos, no puede haber unos que tengan patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Personalmente no tengo nada que ver en este tema, la única referencia hacia mí es que la alterna mía es la esposa de un funcionario de la Asamblea. Defiendo el debido proceso. Cuando la Contraloría en una investigación descubre indicios penales, tiene que denunciarlo a la Fiscalía. Si algo podríamos criticar es la demora de la Fiscalía, que debía hacernos saber lo que ocurrió en este caso.
Entonces, ¿qué pasó?
Se han mezclado dos cosas: las de indicios de responsabilidad penal con las de carácter administrativo. Había en un solo documento los temas con indicios penales y administrativos. Por eso le pedí al Contralor que proceda de la forma usual para responsabilidades civiles y administrativas. Me hizo caso, y en octubre del 2008 nos llamó a la lectura del primer borrador.
¿Hablamos del segundo o del primer informe? Porque hay dos auditorías: una en el 2008 y otra que sale el 2009, como usted puede apreciar en estos documentos. Una es sobre los asesores y otra sobre los contratos de bienes y servicios.
Esto nunca me han hecho llegar (el segundo informe).
¿Los dos informes no los recibió por separado?Entiendo que es un solo informe, que tenía varios capítulos, con anexos, tiene un capítulo que según la Contraloría arroja indicios de responsabilidad penal, que me entregan y yo decido que vaya a la Fiscalía y lo administrativo, que siga el curso normal. De esos temas administrativos, de la compra de la alfombra, el pago de celulares, etc., lo que conozco es que lo único que no se ha esclarecido ante la Contraloría es el pago de 45 cuentas de celulares que en total llegan a algo más de USD 12 000. La Secretaría de la Asamblea ha esclarecido, ha entregado certificados de descargo de eso a la Contraloría. Me parece que este tema se ha sobredimensionado.
Precisamente, en el segundo informe de Contraloría a las operaciones administrativas y financieras se concluyen irregularidades en varias contrataciones. Entre otras cosas se incluyen todas las contestaciones del Director Administrativo a las observaciones de los auditores, expuestas en la lectura del borrador. Luego se establecen conclusiones que determinan que él no cumplió su papel de control.
Ese no es un informe final, es un borrador.
Es un documento final. Aquí están los sellos de Contraloría, y las firmas de los auditores, con códigos. Incluida está esta carta enviada a usted por el Director de Auditoría 1, y la referencia de aprobación, fechada el 20 de julio del 2009.
Entonces ese informe lo tiene usted y no yo. Hasta donde yo sé, lo único pendiente es el tema de los celulares, cuyos descargos fueron presentados en octubre de 2008. De lo contrario, la Contraloría también estaría en mora porque dónde están las acciones administrativas o glosas.Al revisar el examen, del 2009, hay varias conclusiones. Se contrató servicios profesionales con empresas, con cuya representada por disposiciones de la Loscca, estaba impedida de hacerlo. La versión de descargo de la funcionaria está recogida en este informe, pero no cambia el resultado de la auditoría. ¿Por qué no se le pidió a la Fiscalía que también investigue este caso?
Porque ese no es un tema penal, no hay una causa penal.
Según fiscales consultados, podría configurarse la adjudicación ilícita de contratos.
No hay ningún ilícito ahí, usted no se lo puede inventar.
No hay ningún invento, me remito a señalar lo que opinan las autoridades de control.
Si usted tiene el derecho de presumir los ilícitos vaya a la Fiscalía y hágalo usted, con nombre y apellido. Porque yo no me voy a poner a defenderle a una señora que ni conozco. Defiendo el debido proceso.
Porque sospecha la configuración de un delito, señalado en el artículo 257 del Código Penal, sobre el beneficio de personas remuneradas por el Estado en adjudicación de contratos, la Fiscalía abrió, hace dos semanas, una indagación. Eso ocurrió luego de que EL COMERCIO publicara el informe, que no es el que usted les envió.
Pero si la Fiscalía tiene el informe desde el primer día porque yo le entregué.
Según la Fiscalía, nunca recibieron este informe sobre las contrataciones. Por eso ahora lo están pidiendo.
Otro tema más, porque no me voy a dejar ganar de la impunidad de ninguna naturaleza, peor de la corrupción. La indagación previa es completamente reservada, no tenía por qué estarse publicando en los medios. Si acaban de abrir indagación cómo así tiene usted información de eso, que a mí no me importa. Cómo así el Fiscal permite que EL COMERCIO tenga acceso a una indagación previa.
Al revés, se abre la indagación porque se revela el informe. Pero ¿cree usted que este informe se habría conocido si no se revelaba a través de la prensa?
Eso es una mentira.
¿Se habría conocido o no?
Yo lo hice conocer.
Esto no se conocía públicamente, este informe sobre la contratación de bienes.
Ustedes no tienen por qué ser carroñeros.
¿Carroñeros? ¿Por revelar un informe de un organismo de control?
Esto se llama libertad, lo que usted está haciendo y yo también. Ustedes no tienen por qué tener patente de corso. Es decir, me voy a la Fiscalía porque yo soy EL COMERCIO, porque soy medio, en definitiva puedo tener el derecho de la verdad absoluta. Hay unos insolentes recaderos que dicen lo siguiente: cómo es posible que después de tres años no haya culpables. Se está haciendo una montaña, me dijeron que usted venía a conversar de cosas serias no de payasadas.
Esto no es una payasada, es un tema de interés público, basado en informes técnicos de un órgano de control.
Usted, entonces, está hablando con la persona equivocada, no tengo nada que ver. Usted va a publicar como que yo estoy defendiendo a alguien. No estoy defendiendo nada. Le exijo respeto a la Asamblea.
Son hechos de interés público, basados en documentos oficiales.
Entonces, vaya donde los involucrados, entrevístelos, y usted asuma la responsabilidad, porque me hace decir a mí cosas.
Por que usted es el principal responsable de la Asamblea y de su manejo.Yo no tengo nada que ver con eso. Ese tema vaya investíguele a Alberto Acosta, si quiere nombres y apellidos; no he firmado ese contrato. Alberto aparece más allá del bien y del mal en los medios, no voy a dejar de ser solidario y leal con las personas, pero tampoco soy tonto útil. En este caso, el primer día él era presidente yo vicepresidente, a mí el 21 de enero me dan el cargo que es representarle al Presidente en cuestiones administrativas porque él no tenía tiempo. Eso no le libera a él de culpa, aunque creo que es una persona honorable. Hay una estupidez de los auditores, dicen que para contratar a sus asesores, Acosta debía mandarse una carta, como asambleísta. A mí pregúnteme de cosas mías, no de cosas que no comparto, que no conozco.
Pero usted ya las conoció con la lectura del informe, según lo acaba de decir.
Estuve en la lectura del informe, donde no hay responsabilidades para el Presidente de la Asamblea, en ningún rato.
Pero para otros funcionarios sí.
Entonces, pregúnteles a ellos, yo no tengo que contestarle.
Si hay responsabilidades señaladas es indispensable saber qué se hizo, si hay algún sancionado.
Le aclaro, porque ustedes están queriendo fabricar otra cosa. Cuando ustedes empiezan a trabajar en conjunto, parecen un gran ‘holding’, se ponen de acuerdo para publicar: empieza en un periódico y sigue en otro.
¿Usted tiene una prueba sólida de eso, de que trabajamos como un ‘holding’?
Sí. La prueba de lo que está publicando el diario Hoy y ahora publica EL COMERCIO.
Pero son publicaciones distintas, en diferentes fechas, eso no prueba nada.
Tengo la comunicación que manda el Fiscal de una publicación de EL COMERCIO. En este país ahora se quiere hacer justicia a partir de la basura que publican los medios. Basura.
Yo solo me limito a mostrarle los documentos oficiales de la Contraloría.
Solo por que ese documento tiene un logotipo de la Contraloría le tenemos que creer.
Son informes oficiales.Si en la Fiscalía a ustedes les dicen que hay un supuesto peculado y lo publican eso se llama basura, porque rompen el debido proceso, porque de fiscales no tienen nada, deberían ser destituidos. Publique el nombre del fiscal o deme el nombre. Pero no le voy a pedir las fuentes.
¿No sería mejor que ustedes le pidan al Fiscal que explique lo que ocurrió?
El Fiscal está en deuda con la sociedad, no solo con la Asamblea. Puedo admitir que hay una falencia mía al no haber reaccionado antes de la publicación de (Andrés) Páez, con mayor diligencia preguntarle al año a la Fiscalía qué pasó, acepto que es un error mío no haber pedido información para quedarme tranquilo, y dejar tranquilas a las personas que están involucradas.
En el informe, que ya es público, también por las denuncias del asambleísta Páez que fue quien dio los nombres, no EL COMERCIO, se establecen irregularidades, empezando por la compra de la alfombra roja, para la inauguración de la Asamblea. Para la adquisición se presentan facturas adulteradas, de empresas que niegan haberlas entregado. ¿Por qué hasta ahora no hay un solo responsable?
Ese es papel de la Contraloría.
Lo que ocurre es que tienen un convenio firmado entre la Contraloría y la Fiscalía, que limita las acciones al organismo del control.
El convenio le limitaba a la Contraloría, que debía enviar los resultados solo a la Asamblea. Pero yo le dije al Contralor que todos los componentes administrativos haga como cualquier entidad pública. A mí también me interesa saber lo que pasó con la compra de la alfombra. Si no son temas solo administrativos y alguien ha falsificado una factura, eso también es indicio de responsabilidad penal, porque falsificar cosas está penado. Ya no solo es el caso de los asesores.
Por eso, hay irregularidades detectadas que deben ser corregidas. Y si se presume un delito, ¿qué pasó con los responsables, alguien tiene que responder?
Si eso llega a tener indicios de responsabilidad penal ya estaría en la Fiscalía; ni la Contraloría estableció, de lejos, en la lectura que había indicios penales.