7 de November de 2011 00:01

‘Los fallos de la CIDH son objetivos’

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Entrevista a Alejandro Ponce, experto en Derecho Internacional analiza  el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la libertad de expresión.

El martes pasado, el presidente Rafael Correa aseguró que no invitaría a la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH) al país para tratar el tema de la libertad de expresión porque eso “sería caer en el juego de unos cuantos pelucones prepotentes”. ¿Están cerradas las puertas?

Si no se permite el ingreso de la CIDH al país, significa que el Gobierno ecuatoriano reconoce que en el país se violan los derechos humanos y la libertad de expresión. Con esas declaraciones dadas se ha revocado la invitación abierta que fue hecha a la Comisión hace algún tiempo.

¿Esto qué significa? ¿Se puede imponer algún tipo de sanción?

Solamente si se presentan casos de violaciones concretas a la libertad de expresión.

¿La CIDH no podría hacer una visita al país, como lo pidieron algunos periodistas, la organización Fundamedios y algunos grupos de oposición, ni tomar alguna medida inmediata?

Solamente podría venir si solicita la audiencia del Estado ecuatoriano para visitar el país o porque exista un caso en proceso, iniciado por una denuncia en particular. Este caso podría llegar incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de sancionar al Estado. Estas sentencias son de cumplimiento obligatorio.

¿Qué pasaría si no se cumple la decisión de la Corte?

Existen algunas sanciones políticas. Que se corten las líneas de créditos, se lo ponga en la lista negra como violador de derechos humanos, lo que generaría mala imagen política del Gobierno y la posible reducción de la cooperación. Es un impacto político.

La decisión del Presidente fue tomada luego de la audiencia en la CIDH para presentar denuncias de supuesta violación a la libertad de expresión, porque considera que la Comisión no ha realizado un trabajo imparcial.

La Comisión esta conformada por siete miembros de prestigio y experiencia en materia de derechos humanos, es independiente e imparcial. A lo largo de su historia, los informes que ha dado y los pronunciamientos hechos han incomodado a los estados, porque son los estados los que violan los derechos humanos.

¿La Comisión, sin necesidad de que exista un caso concreto, puede emitir un informe sobre el tema de libertad de expresión?

Sí, puede ser un informe sobre la situación de la libertad de expresión en el Ecuador.

¿El informe es de carácter vinculante?

Jurídicamente no existe la obligación de cumplirlo, pero políticamente tendría un impacto muy fuerte para cualquier Estado.

Pero la relatora para la libertad de expresión de la CIDH ya emitió informes sobre posibles violaciones a la libertad de expresión en la Ley de Comunicación. El oficialismo ha hecho caso omiso de las recomendaciones...

Los informes que se han hecho de la relatoría están destinados a brindar una descripción objetiva de las cosas que se han dado en el país y de los hechos que contravienen la libertad de expresión, como las normas del desacato, el abuso de las cadenas nacionales, la persecución a periodistas...

¿Cree que aquí el Gobierno pueda cambiar de actitud?

Veo muy difícil que se dé un cambio inmediato, salvo que lleve un caso a la Corte Interamericana de DD.HH., que podría alterar el comportamiento.

Esta postura estatal se podría evidenciar en la Ley de Comunicación.

Sí, pero los estados no pueden irse en contra de lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a respetar los derechos por sobre toda normativa.

Pero algunos asambleístas han asegurado que la Constitución prevalece sobre cualquier norma o tratado internacional.

Más allá de lo que las autoridades, el Presidente, la Asamblea digan, las normas internacionales están por encima de las internas. Eso está reconocido desde 1928 y ha sido suscrito y ratificado por todos los Estados.

HOJA DE VIDA de Alejandro Ponce Villacís

Su experiencia.  Doctor en Jurisprudencia con Maestría en Derecho Internacional. Catedrático de la Universidad San Francisco.    

Su punto de vista. Considera que el Estado ecuatoriano reconoce que se violan la libertad de expresión al no invitar a la CIDH.

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