8 de December de 2010 00:00

Estado de excepción para Asamblea

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Redacción Política

A las 23:59 de hoy termina el estado de excepción ordenado por la Presidencia para la ciudad de Quito y su ampliación dependerá del mandatario Rafael Correa.

En su poder está un pedido del titular de la Asamblea, Fernando Cordero, para que considere la posibilidad de extender el estado de emergencia y que, específicamente, se declare a las instalaciones de la Asamblea Nacional, como una zona de Seguridad.

Cordero explicó ayer a este Diario que la intención es que la emergencia rija en el recinto legislativo y sus alrededores, pero no en todo Quito, como ocurrió con el Decreto Ejecutivo emitido el 9 de octubre pasado.

La solicitud se respalda en el artículo 165 de la Constitución que establece que se puede nombrar una área territorial, como zona de seguridad. Según el Presidente de la Asamblea, esta declaración sería por 30 días, es decir hasta enero del próximo año.

Además, tiene el objetivo de que los legisladores puedan emitir una nueva regulación sobre el trabajo que cumple la escolta en la sede de la Legislatura.

Justamente, varios policías que vigilaban la Asamblea son indagados por los hechos sucedidos el 30 de septiembre pasado. Desde ese día la custodia de las instalaciones legislativas está en manos de las Fuerzas Armadas, quienes también se ubicaron en la Fiscalía y en la Corte Nacional de Justicia.

Al terminar el estado de excepción, la Policía nuevamente debería volver a la vigilancia de la Asamblea. La Comandancia de la Fuerza, hasta la tarde de ayer, no tenía la confirmación para enviar un nuevo contingente para esa tarea y se esperaba una notificación del Gobierno.

En la Fiscalía y en la Corte Nacional de Justicia el caso es distinto y, hasta ayer no había pedidos para que la custodia militar continuara en sus instalaciones. En esos dos lugares tampoco hubo inconvenientes, pero no se sabía qué pasaría con los soldados destinados a esas dependencias.

En el Ministerio Público la seguridad militar se concentró en el edificio de la ex Embajada de Estados Unidos en Quito (de las avs. 12 de Octubre y Patria).

En ese sitio trabaja la mayoría de los fiscales que indagan los delitos imputados desde la insubordinación de los uniformados.

Para el asambleísta Fausto Cobo, uno de los críticos de la orden del estado de excepción, la Presidencia de la Asamblea no tiene justificativo para ampliar la emergencia. “Debe hacerse cargo la Policía de la vigilancia”.

El legislador manifestó que la aplicación del estado de excepción implicó violaciones a los derechos constitucionales y humanos. Él mencionó, por ejemplo, atentados a la libertad de información con la disposición de que hubiera una cadena de radio y TV y el operativo militar para rescatar a Correa del Hospital policial.

En ambos casos, Cobo junto con sus colegas de oposición César Montúfar, Fernando Aguirre, Andrés Páez y Leonardo Viteri presentaron acciones de protección constitucional. Pero estas fueron negadas por la justicia.

Rolando Panchana, asambleísta de Alianza País, aseguró que las actividades de la Asamblea se están realizando con normalidad. “No obstante, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, debe valorar si se puede ampliar la emergencia. Y eso dependerá de la información que tuviera”.

Los ministros de Defensa, Xavier Ponce, y de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, aseguraron que la decisión es exclusiva del Primer Mandatario.

Hasta el cierre de esta edición, (21:30) no había un pronunciamiento oficial de Carondelet; pero Cordero estaba convencido de que su solicitud sí será acogida por el presidente Correa, quien viajó a la Cumbre de Cancún, sobre protección ambiental.

“Tenemos hasta la medianoche de hoy para tener una respuesta y seguir con la vigilancia que realizan los militares (...) Nuestra intención es tener las reglas más claras para el trabajo de la escolta legislativa y en 30 días puliéramos terminar con ese debate y al aprobación de las reformas”.

En el área legal

La Corte Constitucional avaló la aplicación de los dos estados de excepción emitidos después del 30 de septiembre. Para conocer la emergencia emitida para Quito se demoró 42 días.

La Defensoría del Pueblo protestó por la afectación a la Ley de Acceso a la Información por parte de la página web de la Presidencia de la República.

El sitio web de Carondelet había retirado los directorios del personal y la información de viáticos, respaldándose en temas de seguridad y en la aplicación del estado de emergencia.

Para el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, esa decisión no tuvo un piso legal. En el decreto de excepción no se especificaba la suspensión al derecho de información sino la movilización de las Fuerzas Armadas.

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