13 de December de 2010 00:00

En enero acaban las instrucciones fiscales

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Redacción Política

El edificio Patria Uno es el centro de las investigaciones de los hechos del 30 de septiembre. En ese inmueble, que hasta hace dos años pertenecía a la Embajada de EE.UU., se concentran fiscales, policías e investigadores privados para tratar de armar el rompecabezas que surgió luego de la rebelión del Regimiento Quito.

La Fiscalía de Pichincha ha abierto expedientes a más de un centenar de policías, militares y civiles que supuestamente tuvieron alguna participación. Los sospechosos han sido clasificados según el tipo de delito. Estos van desde rebelión, la incitación a la insubordinación de miembros de la Fuerza Pública, el sabotaje y daños a bienes, hasta tentativa de asesinato al presidente Rafael Correa, y atentado a la seguridad del Estado (ver ficha).

La tarde del viernes 10, el equipo de investigadores presentó un informe al fiscal distrital Marco Freire. La reunión tuvo el propósito de analizar el avance de todo el proceso. Una de las primeras decisiones tomadas fue que el próximo 7 de enero terminará el plazo para que el fiscal Luis Enríquez concluya con la instrucción por el supuesto intento de homicidio al Primer Mandatario, en los patios del Regimiento Quito.

Por este caso hay dos policías detenidos: Luis Bahamontes y Jaime Paucar. El primero es acusado de supuestamente rociar gas pimienta a Correa, y el segundo por, supuestamente, tratar de quitarle la máscara de protección.

También aparecen implicados, aunque en menor grado, otros tres oficiales que, supuestamente, no pudieron controlar la sublevación policial. No se encuentran detenidos pero deben presentarse periódicamente ante un juez.

El cierre de la etapa de instrucción significará que el proceso de investigación ha terminado. En ese caso, el fiscal Enríquez deberá entregar las pruebas para llevar a los sospechosos a juicio o para dejarlos libres de culpabilidad. Para la Fiscalía se trata de una etapa decisiva que pronto finalizará.

Pero no es el único expediente abierto por el supuesto intento de asesinato al Jefe de Estado. Hay otro proceso en el que se indagan las razones por las que supuestamente el ex director del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, trató de impedir el ingreso del presidente Correa para que fuera atendido de urgencia.

Stalin Rivas, abogado del oficial, sostiene que ha existido un trámite ilegal del caso ya que se han presentado videos, fotos, testimonios que demuestran que su cliente no trató de impedir la atención al Mandatario.

Más bien la defensa señala que él colaboró para que Correa fuera auxiliado luego de las agresiones en el Regimiento Quito.

Rivas ha dicho que la Fiscalía se mueve al ritmo que le marca el presidente Correa. Su crítica nace porque el Mandatario pidió la remoción de Carrión como director del Hospital y pidió que fuera indagado penalmente.

“Es una represalia por sus declaraciones. Si esto queda como un precedente nadie, usted ni yo, podríamos dar una opinión”, asegura el abogado del coronel.

Freire defiende el accionar de la Fiscalía, rechazando el hecho de que las investigaciones se agilitan tras las denuncias públicas de Correa. “Nosotros investigamos la noticia del delito; el Presidente, como cualquier otro ciudadano, puede denunciar públicamente un delito y hay que investigarlo”.

Freire dice que se ha hecho una investigación técnica y científica, más no política. “Está el caso del policía Geovanny Chancusi que se descubrió, con varias pruebas, que no era responsable y se encontró al verdadero sospechoso”. Chancusi estaba acusado también de pretender atentar contra la vida del Mandatario.

La Fiscalía no se ha puesto plazo para terminar con todas las investigaciones, a pesar de que en enero se espera superar la etapa de instrucciones. Por eso, los días que vienen serán decisivos en el futuro de los expedientes. La próxima semana se darán acciones en el proceso que se indaga por la toma de la Asamblea Nacional, por parte de un grupo de policías.

Los ejes desde donde la Fiscalía ha investigado los sucesos del 30-S, en etapa de instrucción

Tentativa de asesinato en el hospital 

El caso está planteado contra el ex director del Hospital de la Policía, César Carrión (foto). Las investigaciones están a cargo del fiscal José Miguel Jiménez. La defensa insiste en  que Carrión es inocente.

Atentado por la toma de la Asamblea

El fiscal Miguel Jurado lleva la investigación, por los incidentes en la sede del Poder Legislativo. Fueron imputados el coronel Rolando Tapia, mayor Javier Noboa y el cabo Marco Tibán. 49 investigados.

Tentativa de asesinato en el Regimiento Quito

La instrucción  está a cargo del fiscal Luis Enríquez, quien  investiga a   74 personas. Los principales imputados son   Luis Bahamonte, Jaime Paucar, Julio Cueva, José Rivadeneira y Edwin Echeverría. Estuvieron en los patios de la sede policial y supuestamente agredieron a  Correa. Esta  etapa se cerrará el 7 de enero.

 Incitación a la rebelión de la Fuerza Pública

El fiscal José Jiménez está al frente de este grupo de investigaciones contra 22 personas. El principal  imputado es el mayor (r) del Ejército, Fidel Araujo, quien negó su participación en estos hechos.

Delitos, administración pública: la toma de ECTV

La investigación se centra en 44 personas, a cargo del fiscal Gustavo Benítez. Los implicados son Pablo Guerrero (foto)  y María Alejandra Cevallos, ambos prófugos. También  Max Marín y Patricio Camacho.

Por la insubordinación en el Regimiento Quito

Son 35 policías imputados en los incidentes en los patios de esa sede y otros 25 en etapa de investigación. El fiscal Jorge Cano lidera la instrucción. Están en etapa de indagación previa el homicidio del policía Froilán Jiménez, el ataque a una ambulancia de la Clínica Villa Flora, la toma de la  Base Aérea y de La Recoleta.

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