29 de January de 2013 00:02

2 encuestadoras contratan con el Régimen

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Dos de las siete encuestadoras registradas en el Consejo Electoral (CNE) han mantenido contratos con el Gobierno en los últimos dos años.

Se trata de Perfiles de Opinión, así como Santiago Pérez Investigación y Estudios (SP) y OPEcuador; Santiago Pérez es accionista de estas dos últimas.

Perfiles y las empresas de Pérez se han encargado de investigar la aceptación del Gobierno, el impacto de sus políticas comunicacionales y temas específicos, como el apoyo en la consulta del 2011 y el referéndum de La Concordia.

Según el portal de Compras Públicas, entre enero del 2011 y enero del 2013, Santiago Pérez y OPEcuador firmaron ocho contratos por USD 417 542.

El último fue suscrito en noviembre del 2012, para medir la percepción del Gobierno Nacional, según consta en el contrato.

A esto se suma el contrato que Pérez firmó con los canales incautados TC Televisión y Gamatv, para realizar el ‘exit poll’ de la consulta del 2011. Esa proyección, en promedio, falló 8,5% con relación a los resultados oficiales y tuvo un costo de USD 140 000.

Santiago Pérez empezó a trabajar con el Gobierno en el 2008, con mediciones del impacto del Ejecutivo en la opinión pública.

A partir de entonces ha realizado varias encuestas para el Régimen, como sondeos en las elecciones del 2009. También hizo un estudio sobre las condiciones laborales de los periodistas y la supuesta influencia de los medios en las noticias que se difunden y la credibilidad en los gremios periodísticos.

En febrero del 2012 se creó una nueva encuestadora llamada OPEcuador, que funciona en las mismas oficinas que la firma SP. Además, tienen la misma gerenta: Isabel Oña. Desde entonces la firma SP no ha dejado de contratar con el Estado, aunque es OPEcuador la firma que está registrada en el CNE para realizar encuestas durante esta campaña electoral.

La otra empresa que ha contratado con el Estado es Perfiles de Opinión. Esta encuestadora ha firmado cinco contratos por USD 65 500 y está en proceso de contratación con el Ministerio de la Política, para analizar el conocimiento de personajes públicos, por un monto de USD 52 000.

El 21 de enero pasado se extendió la invitación a la empresa para que participe en la selección.

Todos los contratos que el Gobierno ha firmado con las encuestadoras son de régimen especial, que permite al Estado hacer contratación directa, sin pasar por licitaciones previas.

Perfiles de Opinión y SP, junto con Market y Cedatos, son las encuestas registradas en el CNE y que han divulgado públicamente sus mediciones de intenciones de votos para los comicios de febrero.

Perfiles de Opinión ha hecho dos encuestas, (diciembre y la semana pasada), mientras que SP una en enero. En cambio, Market realizó una en noviembre y otra a inicios de enero, y Cedatos una en octubre pasado y otra en enero.

Perfiles de Opinión y Santiago Pérez Investigación y Estudios le dan al candidato-Presidente más del 60% de preferencias, mientras que el resto aparece con menos del 10%. Las demás encuestadoras son más cautas y le dan el 49 y el 55% de intención, respectivamente.

Las demás encuestadoras no han presentado estudios públicamente. Según Santiago Cuesta, de la firma CMS, no entregará resultados en la campaña, porque las encuestadoras “acomodan las cifras y luego en la recta final, cuando las demás empresas dan sus resultados, tienen que modificarlas”.

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Críticas desde candidaturas Varias organizaciones políticas han resuelto no contratar a ninguna encuestadora del país. Sociedad Patriótica (PSP), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas y el movimiento Ruptura mantienen sus propios mecanismos de medición.

Solo el Prian de Álvaro Noboa contrató con una firma internacional, que no está registrada en el CNE y cuyo nombre mantiene en reserva. “Como no está avalada no podemos dar los resultados de nuestra firma independiente. Mientras que los otros con sus datos corruptos sí lo hacen”, dice Rodolfo Baquerizo, jefe de campaña.

El movimiento SUMA de Mauricio Rodas sí contrató a una empresa nacional, pero no quiso revelar su nombre, porque firmó un acta de confidencialidad. “La gran mayoría de las supuestas encuestadoras registradas ante el CNE, tienen o han tenido contratos con el Gobierno en los últimos meses, lo que obviamente implica que sus datos no sean objetivos ni confiables. Por ello, hemos contratado una empresa encuestadora seria y profesional, con la cual tenemos un convenio de confidencialidad, el cual obviamente respetamos y por ello no podemos divulgar su nombre”, señaló SUMA.

Sin embargo, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, subraya que haber contratado con el Estado no es una limitante para realizar un trabajo técnico. Para ella, los clientes, sea quien sea, “tienen que respetar los resultados, porque son obtenidos luego de un estudio profundo, exhaustivo y muy exacto”.

En su última encuesta, por ejemplo, Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica tenía el 4% de intención de voto. Pero Fausto Cobo, candidato a la reelección por Pichincha, dice que su partido no cree en las encuestas y prefiere medir su aceptación cuando recorren las calles. “Ni siquiera cuando Lucio Gutiérrez ganó la Presidencia en el 2002, las encuestadoras le ponían entre los finalistas. Así que confiamos más en las suelas de nuestros zapatos que en los estudios de esas empresas”, dice el asambleísta.

Una postura similar tiene la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, que auspicia a Alberto Acosta. Según Luis Villacís jefe de campaña, la organización hace sondeos con militantes del movimiento. Estos estudios se enfocan en la carrera presidencial y para la Asamblea.

Por su parte, Ruptura contrató a especialistas en estadística y mediciones que se encargan de hacer proyecciones. Y el resto de partidos prefiere acercarse a la gente y así medir su popularidad. Dicen que esas son las encuestas más confiables en campaña.

417 542 dólares es el monto de 8 contratos entre el Ejecutivo y las firmas relacionadas con Santiago Pérez, entre 2011 y 2013.

65 500 dólares es el monto de 5 contratos entre Perfiles de Opinión y el Gobierno. Otro de USD 52 000 está en proceso.

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