Jorge Cevallos tiene una calculadora en su mente. ¿17 x 15? Y responde en fracciones en segundo 255. Pero, sus pensamientos divagan cuando se le pregunta ¿qué va hacer en dos semanas?Los segundos pasan y el quiteño, de 32 años, no contesta. Hay silencio. Finalmente, sus palabras demuestran su angustia. “No sé qué voy hacer, me quedaré sin trabajo”. Eso ocurrirá en caso de que se apruebe la pregunta 7 de la consulta prevista para 15 días.
Cevallos se capacitó para ser un ‘dealer’ y desde hace seis años trabaja en el casino del Hotel Quito, ubicado al norte de la ciudad. Ahora es supervisor de sus compañeros, viste de traje oscuro y sus ojos no se separan de la repartición de naipes en las mesas.
Al otro extremo de la ciudad, cinco jóvenes festejan los USD 328 que acaban de ganar de una máquina de juegos. El triunfo no pasa desapercibido en el salón y es la señal para que Marco Quiruchi camine hacia los hombres. Él es el único que puede entregar el premio en la sala de juegos Las Vegas, ubicada en la Villa Flora.
Quiruchi (26 años) lleva en sus manos los documentos para legalizar el premio. Él, al igual que Cevallos, halló en las salas de juego el trabajo para sustentar a su familia. De su sueldo dependen su madre y sus dos hermanos. “¿Quién nos va a dar trabajo si gana la consulta?”, se pregunta.
El Gobierno apostó a que el país sea un territorio libre de casinos y salas de juego. Por eso, en la pregunta 7 se propone terminar con esos negocios. Actualmente, en el país existen 100 salas de juego y 32 casinos, explica María Augusta Díaz, titular de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos.
En esos locales trabajan 25 000 ‘dealer’, operadores de máquinas, guardias de seguridad, chefs, meseros, administradores, músicos…. Al usar la matemática de Cevallos esa cifra en el caso de ganar el sí se multiplicará.
La Asociación calcula que más de 50 000 personas tienen una relación indirecta con los casinos y salas de juego. Y ha esa cifra hay que sumar los familiares y personas que dependen de los trabajadores de aquellos negocios.
Cevallos asegura que él escogió ser en su vida un ‘dealer’. “No conseguía trabajo, soy un bachiller de Físico-Matemático. Hasta que leí un anuncio en la prensa que se abría la academia para ser ‘dealer’. A las dos semanas, sabía que era apto para el puesto”.
Se capacitó por casi un año, entre otras cosas, aprendió los sistemas y lógicas de cada juego y memorizó las tablas del 5, del 11, del 17, para entender las reglas de las apuestas. Luego su conocimiento lo fue perfeccionando, hasta ser un supervisor. Con ese oficio mantiene a su esposa y sus hijos de 13 y 7 años y a un bebé que nació hace ocho meses.
Una historia similar tiene Quiruchi. Fue despedido de una fábrica de textiles y luego de buscar sin suerte un trabajo, optó por entrar a una sala de juego. Ahora su función es relevante, debe anotar con detalle los datos del ganador que servirán para el Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El presidente Rafael Correa justificó con dos razones su propuesta para erradicar los casinos. La una era que esos lugares pueden ser víctimas del blanqueo o lavado de dinero. Ese temor nació el año pasado, luego del informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ubicó al país en la lista de naciones que no tienen suficientes control contra ese delito. Entre las observaciones, constaba la legislación sobre los casinos y las salas de juego.
María Augusta Díaz sostiene que los locales informan sus movimientos a las instituciones oficiales, para evitar el lavado. “Si el problema son los depósitos de los negocios, el SRI está colocando un sistema ‘on line’ para cotejar los depósitos de los locales con su producción. Hemos recibido talleres con la UIF e informamos inmediatamente cualquier movimiento sobre los USD 10 000”.
Otro argumento del Régimen para tratar de abolir los casinos es para precautelar la salud psicológica de los ecuatorianos. El ministro de Turismo, Freddy Ehlers, y el subsecretario de Innovación y Desarrollo de Medios de la Secretaría de Comunicación, Marco Bravo, han dicho en entrevistas que el 12% de la población del país sufre de ludopatía.
Al parecer, esa cifra no cuadra en realidad. Hay 14 millones de ecuatorianos, eso quiere decir 1,6 millones padecen de un impulso irreprimible de jugar, a pesar de ser consciente de sus consecuencias. Pero, en todo el país hay 132 casinos y salas de juego. No hay espacio para tanta gente.
La explicación de Díaz es que en la consulta no se ha tomado en cuenta otro tipos de juegos de azar que pueden llegar a ser peligrosos y que no son regulados por nadie (ver compartida). “El Gobierno pretende eliminar mi derecho a escoger en qué invertir, gastar mi dinero y trabajar”.
El asambleísta de Alianza País, Ángel Vilema, sostiene que la mejor decisión es terminar con los juegos de casinos porque es favorable para la sociedad ecuatoriano y no se dejará de atender a las personas que fueran afectadas con esa decisión. “El Ministerio de Relaciones Laborales debe buscar las alternativas para las personas que pierdan sus trabajos en los sectores público y privado”.
Esa noticia no la han escuchado Cevallos y Quiruchi. Ellos dicen que seguirán trabajando normalmente hasta el domingo 7 y que esperarán por los resultados.
Otros tipos de controles en los locales
Desde el año pasado, en los casinos y salas de juego hay un letrero a la entrada que informa: “Los juegos de azar practicados constantemente pueden ser dañinos para la salud y producen adicción”. Esa fue una disposición del Ministerio de Turismo.
Los clientes a la entrada son revisados para que no ingresen con armas o ebrios. Los menores de 18 años tampoco pueden entrar a los locales.
El consumo de licor también está prohibido. Antes los casinos regalaban tragos o cigarrillos a sus clientes, pero ahora ese tipo de bebidas ya no se venden. Sí se puede fumar en los salones.
La Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos asegura que pagaron 20 millones en impuestos en el 2009, al Servicio de Rentas. También pagan tributos a los municipios y otros organismos.
Testimonios
Luis Mera Experto en seguridad
El Régimen debe darnos alguna alternativa
¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días las personas que trabajamos en un casino o sala de juego. Yo soy un ingeniero, experto en seguridad, y pudiera usar mis conocimientos para conseguir otro empleo.
Tengo dos hijos, uno en la universidad y otro en sexto curso que necesitan de mi apoyo y sustento. Nadie se ha puesto a pensar qué pasará con las personas que se han capacitado para trabajar en un casino. Ellos no tendrán alternativas.
Hay personas que han estudiado por seis o nueve meses para poder cumplir con sus funciones dentro de un casino.
Es una profesión honesta, como cualquier otra, que no se aprovecha de nadie, mucho peor del cliente. Soy jefe de seguridad y mi trabajo es velar para que no pase nada. Los clientes no pueden ingresar armados, tampoco se sirve licor, que antes sí se lo hacía.
Elirida Calero Jugadora
Pienso que estos locales sí deben ser cerrados
Juego cada domingo o los días que mis hijos me traen a las máquinas para distraernos un momento. Yo pienso que este tipo de juegos sí deben ser cerrados, porque se ha escuchado historias de personas que han perdidos toda su plata, hasta su familia por apostar. Han perdido sus ahorros y hasta la plata que no tienen. Eso afecta a sus familias.
No me gasto mucho dinero, a veces compró fichas por 30, 20 ó 10 dólares. Eso depende de lo que tenga de dinero, pero nunca gastó más de 30 dólares. Mis máquinas favoritas son unas de figuras de carros, diamantes o flores.
En esas juego cuando vengo a este negocio. Pero en estos lugares se pierde mucho y se gana pocas veces. Tengo 75 años y me acuerdo que gané en una sola ocasión, creo que fueron unos 10 dólares. Aquí sí se gasta mucho dinero. Yo sí quiero que se prohíba este tipo de juegos en todo el país para que las personas dejen el vicio.