El Ejecutivo plantea que la 'Súper' de Valores recurra a la Policía

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Redacción Política

Las superintendencias comienzan a adquirir cada vez más fuerza en el país. Algunos alcaldes, como el electo de Quito, Mauricio Rodas, y el de Guayaquil, Jaime Nebot, han reclamado la que se propone crear con la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, porque se estaría atentando contra los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el campo económico sucede algo parecido.

Durante la reunión de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, Ramiro Aguilar (exSUMA) advirtió que en el veto parcial del presidente Rafael Correa a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, se podría crear un precedente que permitiría incluso un "estado policial".

El Mandatario había enviado 56 observaciones al proyecto de ley que el Pleno aprobó el 14 de marzo pasado. Entre ellas, pide ciertos cambios a las atribuciones que tendría la nueva Superintendencia de Valores. Inicialmente, la Asamblea estableció que mientras se realicen inspecciones e investigaciones, la Superintendencia podrá "recibir la versión libre y voluntaria" de terceras personas que puedan aportar con información para el esclarecimiento de un hecho.

Pero el texto presidencial pide añadir una atribución que para Aguilar resulta "una barbaridad jurídica y constitucional". El veto presidencial señala que dentro de un proceso administrativo-sancionador, la Superintendencia podrá también "recibir declaraciones de los presuntos responsables, denunciantes, perjudicados, testigos y peritos, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública".

Aguilar sostuvo que las acciones que emanan de este tipo de organismos son de carácter administrativo, por lo cual no cabe el uso de la fuerza pública. Para ello, solo se lo puede hacer en casos judiciales y por exigencia de un juez o fiscal. Además, entraría en contradicción con el sentido de "libre y voluntario", que registra inicialmente la ley.

"¿Cómo puede un funcionario administrativo del Estado hacer comparecer a alguien por la fuerza pública sin que tenga derecho a defensa ni de impugnarlo ante un juez?", se preguntó el asambleísta, para quien ni la Policía por sí misma puede incurrir en semejante acto.

El temor de Aguilar tenía sentido de futuro. Si a una superintendencia se le otorga este tipo de atribuciones, pronto caerían en similar tentación otros organismos de control sin pasar por el proceso jurídico establecido.

Este poder controlador y sancionador para las superintendencias no ejerció ninguna preocupación en Diego Aulestia, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante una rueda de prensa sobre la Ley Territorial.

Este proyecto legal, de ser aprobado, también crea una superintendencia como una herramienta para que los municipios den cumplimiento al planeamiento urbanístico aprobado por el mismo concejo municipal o gobierno provincial . Aulestia no habló de una capacidad sancionadora para esta instancia.

La mayoría de la Comisión Económica aprobó el planteamiento de Aguilar y propondrá al Pleno no acoger el veto del presidente Correa.

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