El ex director del Área Jurídica de la Asamblea Nacional, Juan Alvear, dejó sus funciones esta semana de forma sorpresiva. “No quiero confrontaciones de ninguna naturaleza, ni con los unos ni con los otros”, señaló ayer cuando fue contactado vía celular. Y se negó a emitir más comentarios sobre el tema.
Las autoridades del Legislativo no informaron de manera formal las razones de la salida del funcionario. Sin embargo, en los pasillos, algunos legisladores de la oposición señalaron que esta pudiera ser una retaliación por la participación de uno de sus delegados en la audiencia pública, realizada el martes pasado, en la Corte Constitucional.
Ese día se escucharon los alegatos de la oposición y del oficialismo en torno a las cinco demandas de inconstitucionalidad planteadas en contra del veto del Ejecutivo a la Ley Electoral.
Ese día, Pablo Vásquez, funcionario de ese departamento, expuso la posición de la Asamblea, en la audiencia en la Corte.
Entonces, Santiago Guarderas, quien a nombre de la Unión Nacional de Periodistas planteó junto con Vicente Ordóñez, su presidente, una demanda de inconstitucionalidad, indicaba que lo dicho por el delegado de la Legislatura era coherente.
Para Guarderas, Vásquez solo repitió lo expresado por el presidente Fernando Cordero en su respuesta a la Corte Constitucional. “El Ejecutivo se extralimitó en su facultad de vetar”. Además, el delegado recordó que la Comisión de Justicia de la Legislatura nunca puso en debate ningún tema relacionado a las restricciones a la cobertura de la prensa en la época de elecciones. Por lo que no era apropiado que el Primer Mandatario haya introducido ese punto y dejado de lado el texto original, a través del que se intentaba regular la publicidad emitida por instituciones del sector público durante el período de campaña.
Guarderas coincide con Diana Atamaint (MPD – Pachakutik) y Paco Moncayo (Alianza Libertad). Los tres estuvieron presentes en la audiencia y presumen que la salida de Alvear es una represalia. Moncayo cree que un asesor jurídico no tiene criterio autónomo y que el Presidente del Legislativo es quien, en últimas, debió haber decidido enviar a Vásquez a la Corte.
Para Atamaint no sería extraño que Alvear haya sido removido porque su subalterno no fue obsecuente con un designio del oficialismo, durante la audiencia pública del martes pasado. “No es la primera vez que funcionarios a contrato o que brindan servicios ocasionales sufren represalias de ese tipo”, aseguró.
La legisladora señaló que en marzo, el Gobernador de Morona Santiago quiso sancionar a los funcionarios que no participaron en la marcha a favor del Régimen. “Ellos están acostumbrados a amenazar y chantajear”.
Las 5 demandas
En 45 días, el juez Alfonso Luz deberá presentar su informe sobre las cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas, en contra del veto del Ejecutivo a la reforma al Código de la Democracia.
En el art. 203 del veto se restringe la labor de los medios de comunicación. Se prohíbe presentar reportajes o especiales que pudieran favorecer o perjudicar la figura de un candidato en la época electoral.