4 de November de 2011 00:02

Dilema jurídico en Venezuela por fallo de CIDH

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El Ecuador no ha sido el único país que ha relativizado las decisiones que han tomado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La semana pasada, el presidente Rafael Correa aseguró que acatará el pronunciamiento de la Comisión en materia de libertad de expresión, siempre y cuando presente argumentos “razonables”.

Un caso similar se vive en Venezuela, que vive un dilema jurídico frente a la decisión de la CIDH sobre el caso de Leopoldo López, ex alcalde de Chacao y principal opción en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. El organismo internacional revocó la decisión tomada en el 2004 por la Contraloría venezolana, que retiró los derechos políticos de López, bajo el argumento de que estaba involucrado en un supuesto acto de corrupción en el manejo de fondos públicos cuando estuvo al frente del Cabildo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aseguró que López goza de sus derechos políticos, mas no administrativos. Es decir, que puede ser elegido Presidente, pero no puede manejar fondos públicos.

Esto ha prendido las alertas en el país y a escala internacional sobre el tema de las libertades en Venezuela, pues se considera que eso es un desacato a la sentencia de la CIDH. El ex presidente de Brasil, Fernando Cardoso, advirtió que Venezuela debe cumplir con lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual es signataria. Esto implica acatar los veredictos de la Corte Interamericana.

Analistas y juristas venezolanos señalaron que el artículo 23 de su Constitución establece que los tratados internacionales relativos a DD.HH. suscritos y ratificados por Venezuela son de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Estella Morales, dijo que la “decisión de la CIDH no invalida la acción del Estado y la Constitución. Los convenios internacionales deben interpretarse de acuerdo con las leyes internas”.

Por el momento, López ya inscribió su candidatura para participar en las primarias, que se realizarán en febrero. Las elecciones presidenciales serán en octubre.

Allí se determinará si se cumple finalmente la sentencia.

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