2 de May de 2012 00:01

Los despedidos engrosaron las marchas el Día del Trabajo

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El 1 de mayo del 2011, el mensaje de cientos de trabajadores en su día estaba atado a la cercanía de la consulta popular (seis días después). Se corría el riesgo de dejar sin empleo a muchas personas, sin oportunidad de reubicarse fácilmente, era la advertencia.

Ayer, un año después, se palpaba que aquella previsión se hizo realidad. A los grupos sindicales se unieron los despedidos por el cierre de casinos y bingos, a quienes aún no se los indemniza.

También desfilaron servidores públicos que fueron separados; a escala nacional, unos 5 750 burócratas han perdido su empleo.

Simón Bajaña gritaba cómo se sentía burlado por el Gobierno. Siete meses después del despido, él y otro centenar de compañeros no reciben sus liquidaciones de Profeseries (ex Invermun).

Bajaña acudió al desfile junto a compañeras con discapacidad, para que el Gobierno los apoye.

A ellos les seguía un grupo autodenominado Unión Nacional de Desempleados. Allí iban servidores públicos despedidos que aún esperan su liquidación.

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A Bolívar Merchán, dirigente sindical, le notificaron el 30 de marzo pasado que ya no laborará más como auxiliar de enfermería del Hospital Alfredo Valenzuela, tras 23 años. “Este no es uno de los seis hospitales donde se está externalizando los servicios, que no es más que privatizar la Salud. Pese a ello me sacaron”, indicó.

En Quito, el mensaje era similar al de Guayaquil. Hubo cuestionamientos por el Decreto 813, que establece la polémica compra de renuncias con indemnización.

Joaquín Viteri, abogado, dijo que la medida es inconstitucional, porque la Ley Orgánica de Servicio Público no establece la compra de renuncias obligatorias. Pero el Gobierno sostiene que el artículo 47, literal k, de la norma, habla de la “compra de renuncias con indemnización”.

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En Ecuador no solo hay despidos irregulares en el sector público sino también en el privado, dijo Juan Vareles, de Confederación de Organizaciones de Trabajadores.

Citó el caso de la extinta Vachagnon, encargada de la recolección de desechos de Guayaquil. Según Vareles, un recurso legal frenó el pago de las indemnizaciones por despidos.

El desfile también sirvió para denunciar supuestos abusos. Familiares de 10 jóvenes de grupos universitarios, detenidos por supuestos cargos de terrorismo, pedían su liberación.

Joseph Gómez, hermano de Roycen (uno de los detenidos) recordó que el 3 de marzo pasado su familiar fue detenido cuando policías irrumpieron en un condominio de Quito, donde estaba reunido con otros compañeros, y se los llevaron bajo el cargo de terrorismo. “No hay pruebas”, dijo .

El desfile también agrupaba a jubilados. Ignacio Obando, de 78 años, desfilaba con una soga atada alrededor del cuello que jalaba su compañero Francisco Suátegui (78). “Es que nos tienen hasta el cuello con eso de pedir cita al ‘call center’ según el número de nuestra cédula. Como si la enfermedad esperara”, dijo Obando.

Testimonios

Martha Serrano,  ex trabajadora del Registro Civil, 50 años  
‘En las empresas creen que somos delincuentes’

En febrero pasado me despidieron. Nuca tuve ningún problema, peor aún sumarios administrativos. Es una situación triste que no le deseo a ninguna otra persona. Cada vez que escucho que alguien es despedido se me parte el corazón porque siento una impotencia y recuerdo lo que viví cuando supe que me quedaba en la calle.  Mi hijo tiene 18 años y ya tiene que trabajar. Es difícil saber que no puedo encontrar trabajo y sea él quien deba afrontar esta situación. El presidente (Rafael Correa) nos ha denigrado tanto que es un estigma decir que soy parte de los despedidos del sector público. Eso me ha cerrado las puertas en el sector privado porque  nos tratan como delincuentes. Soy víctima de esta  política de  Estado y  mi hijo sufre las consecuencias.


Eva Sánchez,  ex trabajadora de Petroecuador, 58 años  
‘Me da vergüenza pedir  trabajo, tengo  visto bueno’

Fui despedida de Petroecuador en el 2010. Cuando me  notificaron de la salida, un policía llegó a mi puesto de trabajo y me dijo que tenía 10 minutos para desalojar el lugar.  Ni a los delincuentes los tratan con tanta soberbia.  Eso no fue todo.  A un grupo de 628  personas nos pusieron  visto bueno, 380 personas ya regresaron al trabajo, el resto estamos sin nada. No tuve liquidación después de haberle entregado 30 años a la institución.  Ni siquiera he intentado pedir trabajo en otro lugar por la vergüenza de  presentar una carpeta con un visto bueno.  No puedo explicarles a todas las personas lo que pasó. Gracias a Dios,  mi hija trabaja y me está manteniendo. Ahora estoy siguiendo un juicio al Estado y espero que se reinvindiquen mis derechos laborales.

Monica Pugas, ex trabajadora del Registro Civil, 50 años
‘Ya  ni  llorar es bueno, no puedo encontrar trabajo’

 ¿Qué hice para que me despidan? Mi familia está afectada por eso y no tengo respuesta. Tengo una hija de 14 años que  estudia y a mi madre de 89 años,  a las que tengo que mantener.   Pero yo no  me voy a dejar vencer. Aunque sí es feo el rechazo al  que somos objeto,  he dejado carpetas en el sector privado  pero por  los despedidos del sector público  somos vistos como delincuentes.   Las preguntas que me hago son similares a las que cualquier persona se realiza cuando pierde a un familiar: ¿qué pasó?,  ¿por qué se fue?  No hay respuesta. Eso nos pasa ahora. Ya ni llorar es bueno, todos los despedidos  estamos en la calle y ahora nos toca sobrevivir. Nos hemos reunido con otros que pasamos por lo mismo y pretendemos formar una microempresa porque nuestras liquidaciones en cualquier momento se van a terminar.


Fernando Carvajal, ex trabajador del IEPI, 59 años
‘Mi dignidad fue ultrajada, salí hace 10 días’

Quise  salir por la puerta grande después de prestar 34 años de servicio al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) pero me despidieron despiadadamente. El 20 de abril pasado llegó un grupo de personas del Ministerio de Relaciones Laborales y a 22 personas nos despidieron como si fuéramos unos delincuentes. De un rato a otro, nos dijeron: ustedes desocupan la oficina y se van, hasta aquí  trabajan y salen. Esa no es la forma de tratar a una persona que dio su vida por la institución. Yo me estaba preparando para salir  y sabía que eso sucedería a partir de agosto, pero no respetaron el acuerdo y me despidieron por la puerta trasera. Trabajé en el departamento de Modificación del Registro y, aunque la liquidación está completa (más de USD 40 000) y no tengo a quién mantener, me afecta la forma  cómo me trataron. Mi dignidad fue ultrajada.

La cronología


02/07/2009. El presidente Rafael Correa remite a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público. El texto pasa a la Comisión de los Trabajadores para su análisis.

2010. La Losep  se analizó un año. En el 2010 es aprobada en medio de incidentes.  Los legisladores de la Asamblea Nacional no aceptaron la compra de renuncias obligatorias que planteó el
Ejecutivo.    
 
07/07/2011. El presidente Rafael Correa emite el Decreto Ejecutivo 813, que establece la compra de renuncias obligatorias.  En ese mismo mes,  el Ministerio de Finanzas despide a empleados de esa Cartera de Estado.

Octubre  2011. La Corte Constitucional recibe tres demandas contra el Decreto  813.  El proceso sigue en sustanciación y no se dicta  sentencia. En octubre,  el Gobierno compra la renuncia a 2 700 personas.  

27/04/2012. Existe un nuevo proceso de compra de renuncias.  Esta vez fueron notificados empleados de las gobernaciones, de comisarías y de  intendencias de Policía.

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