23 de June de 2010 00:00

El poder del Ejecutivo es el punto de quiebre en la Ley universitaria

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacción Política

Sin negar los puntos flacos del sistema, Carlos Torres confirmó ante el Pleno el deseo de “que se cambie ese sistema de educación superior caduco” y de que se construya “una universidad de calidad”.

El nuevo Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de la Central fue escuchado en comisión general por los asambleístas.

Intervino dentro del segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que pretende cambiar un cuerpo legal vigente desde el 2000.También hablaron ante el Pleno Gustavo Vega, titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), y Enrique Ayala Mora, rector de la Universidad Andina y coordinador del sector ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Torres como Vega rechazaron la propuesta de integración del Consejo de Educación Superior (CES). Este es uno de los organismos que regirá el sistema junto al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

En el art. 154 del informe de 200 artículos, firmado con la mayoría de Alianza País, se indica que el Consejo tendrá cuatro representantes del Ejecutivo.

Estos serían el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Planificación, además los ministros de Educación y de Política de la Producción.

El CES contaría con seis académicos, tres de las universidades públicas, uno de las politécnicas, uno de los centros particulares, uno de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, artes y conservatorios. Y un representante de los estudiantes, que tendrá solo voz y no voto.

Torres pidió respeto al principio de autonomía y al ‘cogobierno universitario’. Propuso que este último sea el referente de la conformación del Consejo. Además del Estado debiera haber más participación. Ellos, como estudiantes, desean actuar con voto.

Vega tampoco aceptó que el Ejecutivo designe a los presidentes del CES y del Consejo de Acreditación, como dice la propuesta.

Pese a ello y a otros “disensos”, según Ayala Mora hubo un 80% de coincidencias. “No estamos en contra de medir la calidad y sancionar la corrupción”, sostuvo.

En el debate, legisladores como Gilmar Gutiérrez (PSP) señalaron lo que para su bloque es el objetivo gubernamental: “ controlar la educación, convertir a las universidades en centros de adoctrinamiento. Y tener el control absoluto con todas las leyes”.

El oficialista Gastón Gagliardo, miembro de la Comisión de Educación, justificó la integración del Consejo, porque según la Constitución es su competencia la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. E indicó que el Ejecutivo solo elegirá al presidente del ente de una terna enviada por el CES.

Sin embargo, Francisco Ulloa (MPD) criticó que “el ungido por (Rafael) Correa tenga ‘voto de calidad’ o doble en el Consejo.

Además, se opuso a la creación de la Secretaría Nacional de Educación, por “estar fuera del marco constitucional”. El art. 171 dice que este organismo será el coordinador entre la Función Ejecutiva y las instituciones del sistema. Estaría dirigido por un secretario designado por el Presidente.

Paco Moncayo (Alianza Libertad) también se mostró opuesto a la creación de esta secretaría.

“Los estudiantes de Córdoba (en alusión al movimiento de los universitarios argentinos, en 1918) llorarían sangre porque ellos pedían autonomía”, dijo.

Pero hubo más puntos polémicos en el debate legislativo. Por ejemplo, la disposición transitoria 18, que da vía libre para la creación de la Universidad Nacional de Educación, en Azogues, como indica la vigésima transitoria de la Constitución. Además, la U. Regional Amazónica, de Tena; y la U. de las Artes, en Guayaquil.

Otro es el art. 52 sobre la elección de rectores y autoridades académicas, que se propone que debería ser por votación universal, secreta, directa y obligatoria de profesores y empleados titulares y estudiantes matriculados.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)