2 de July de 2011 00:02

La defensa de Tapia quiere nuevo Tribunal y la nulidad del proceso

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La defensa del coronel Rolando Tapia y de los uniformados que pertenecían a la Escolta Legislativa, implicados en los hechos del 30-S, usarán dos recursos jurídicos.

Entre el lunes y martes pedirán la reestructuración inmediata del Tribunal Segundo de Garantías Penales para que la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura nombre a los tres jueces temporales.

Ellos deberán reemplazar a Renato Vásquez y a Luis Manosalvas, quienes fueron suspendidos, la tarde del miércoles, por el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos. Así como a Xavier Andrade, cuyo cargo de juez ‘ad hoc’ de ese Tribunal, también fue desconocido.

La idea de la defensa es que cuando esta instancia quede conformada se avoque conocimiento del siguiente trámite: el recurso de nulidad de la audiencia y la posterior condena fijada en contra de los seis uniformados, acusados de atentar contra la seguridad nacional. A criterio de la parte acusadora, ellos impidieron que los legisladores se reunieran el 30-S, tras bloquear el ingreso al edificio de la Asamblea.

Para Víctor Hugo Cevallos, abogado del coronel Tapia, y Carlos Poveda, del policía Marco Tibán, hermano de la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, la situación jurídica de sus defendidos es totalmente clara.

Es decir, que la suspensión a los jueces Vásquez y Manosalvas, así como el desconocimiento del cargo del magistrado Andrade tienen plena vigencia “sin perjuicio de su notificación”.

De allí que ambos juristas califican de nula la sentencia que el Tribunal dictó entre el 29 y el 30 de junio en contra de los seis policías. A Tapia le dieron tres años de prisión por encontrarlo culpable del delito. Dieciocho meses a los policías Mario Flores y Patricio Simancas, por ser cómplices. Y 12 meses a Marco Tibán, Francisco Noboa y Carlos Tasinchana, por ser encubridores del caso.

El jurista Enrique Echeverría tiene una lectura similar. Dice que el hecho de que la notificación del Presidente de la Judicatura, con la orden de suspensión, no haya llegado a manos de los jueces sancionados no quiere decir que esta no surte efecto.

Además, cree que el Tribunal Segundo debió haber fijado un nuevo día y hora para leer la sentencia final explicando los años de condena. “Ese trámite los jueces ya no lo podrán hacer porque están suspendidos”.

Sin embargo, varias voces de Alianza País han apoyado la actuación de los tres magistrados, rechazando lo actuado por Benjamín Cevallos, a quien lo acusan de estar pagando favores porque se salvó del juicio político que se le instauró en la Asamblea.

La bancada de Gobierno dijo que el juez Vásquez, en su calidad de presidente del Tribunal Segundo, sí tenía facultades para nombrar a Andrade como juez ad hoc. Ellos citan el Código Penal, para rechazar el argumento por el cual Benjamín Cevallos impulsó su suspensión.

Pero Echeverría insiste en que el Presidente del Consejo de la Judicatura recurrió al nuevo Código Orgánico de la Función Judicial que quita al Presidente de un Tribunal esa facultad nominativa. “En la jerarquía jurídica, primero está la Constitución, luego los tratados internaciones, las leyes orgánicas y finalmente las ordinarias como el Código Penal”.

Ayer, en las oficinas del Tribunal Segundo de Garantías Penales hubo hermetismo por la mañana. Los funcionarios dijeron que la atención se reanuda el lunes. Pero por la tarde, los jueces anunciaron que apelarán la decisión.

Poveda no descarta que en su afán de neutralizar lo actuado por el Presidente de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Segundo recurran a una acción de protección, el fin de semana.

El abogado de Tapia cree, de todas formas, que un nuevo tribunal podrá comprender que la audiencia contra los uniformados fue “nula desde el principio, por la forma en la que se nombró a Andrade como juez ad hoc”.

Echeverría explica que si de parte de los jueces hay un rechazo a la acción de Cevallos, el caso tendrá que escalar a instancias superiores para poder destrabarse.

Esta fin de semana será de espera. Yolanda Cortez, esposa del coronel Tapia, está consciente que estos momentos de tensión son necesarios. “Lo único que mi esposo espera con todo esto es que un Tribunal idóneo y correctamente designado estudie su caso y se demuestre su inocencia”.

Cortez dice que el coronel, a más de sentir que su carrera en la Policía se ha perjudicado así como su nombre, por “lo que considera una ”esta persecución política”, ve que su salud se deteriora. Al fin espera que este caso no termine en un enredo jurídico.

Rolando Tapia
Ex jefe de la Escolta Legislativa que protestó el 30-S.
El coronel de Policía era Jefe de la Escolta Legislativa durante los hechos del 30 de septiembre. Es acusado de atentar contra la seguridad del Estado, por supuestamente impedir la instalación del Pleno y no permitir el ingreso a los asambleístas de A. País. Es el primer oficial, de alto rango, que ha sido condenado por la insubordinación policial. El Gobierno celebró la condena impuesta.

Renato Vásquez
Presidente del Tribunal II de Garantías Penales.
El magistrado fue acusado por Víctor Hugo Cevallos, abogado de Rolando Tapia, de haber violado el Código Orgánico de la Función Judicial tras designar como juez 'ad hoc' a Xavier Andrade, para que actuara en la audiencia de Tapia. El Tribunal Segundo de lo Penal encontró a Tapia y a otros cinco policías culpables de atentar contra la seguridad nacional e impuso penas entre uno y tres años.

Víctor Hugo Cevallos
Abogado del coronel Rolando Tapia.
Solicitó a Benjamín Cevallos suspender a los jueces Renato Vásquez y Luis Manosalvas, y dejar sin efecto el encargo de juez 'ad hoc' de Xavier Castillo. El abogado alega que ese Tribunal se integró de manera incorrecta. Insiste en que se enteró de esta designación ilegal, el martes por la mañana, y acudió el miércoles a presentar su queja. Para él la nulidad del proceso se da al haber nombrado a una persona que no tenía calidad de administrar justicia.

Benjamín Cevallos
Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.
Es la cabeza de la Judicatura y fue el acusado principal en el fallido juicio político patrocinado por Alianza País, por la mala administración de la justicia . Es él quien acogió el pedido de Cevallos y el miércoles suspendió durante 90 días a Renato Vásquez, y al juez Luis Oswaldo Manosalvas. Además dejó sin efecto el encargo que Vásquez hizo a Xavier Andrade, para que actuara como juez 'ad hoc' del Tribunal que condenó a tres años de prisión a Tapia.

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