30 de January de 2010 00:00

El debate de una ley empieza en Bolivia

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Carlos Rojas

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El libreto de imponer regulaciones a la prensa y a los medios, ya consumado en Venezuela y que genera un fuerte debate en Ecuador, llegó finalmente a Bolivia.

Esta semana, el Gobierno del presidente Evo Morales, quien asumió su segundo mandato el jueves, dijo que impulsará una nueva Ley de Comunicación e Información. La propuesta suplantaría a la Ley de Imprenta, vigente desde 1925.

Aunque es un tema que tiene pocas horas en el debate político, ya ha adquirido una dimensión nacional. Los principales diarios bolivianos: La Prensa, editado en La Paz, y El Deber, de Santa Cruz, han dedicado primeras planas a la iniciativa de Morales que aún es un proyecto.

Ambos rotativos han recogido las primeras reacciones de políticos, periodistas y directores de medios. Para ellos, una propuesta de esta envergadura terminará por afectar la libertad de expresión en Bolivia, como ya ha sucedido con Venezuela.

De los pronunciamientos emitidos por el Gobierno socialista de Morales, sobre el proyecto, éste tocaría, al menos, dos puntos esenciales en el ejercicio libre del periodismo: sanciones a la calumnia que cometen los medios y transparencia del derecho a la reserva de la fuente.

El ex ministro boliviano de la Presidencia, Juan Quintana, aseguró el lunes que pedirá al Congreso “elaborar un proyecto de ley que sancione la difamación y la calumnia” en los medios. Pocas horas después, Morales aseguró en una rueda de prensa que el Gobierno analiza la forma “cómo vamos a controlar para que no mientan los medios; eso es para la dignidad y la buena imagen de ustedes”.

Estas palabras causaron preocupación en la prensa boliviana. Sobre todo, luego de que de Quintana asegurara que la relación entre su cartera, el Ministerio de la Presidencia, y los empresarios de algunos medios de comunicación ha sido conflictiva. “Algunos de ellos se han convertido en los bufones de la voluntad imperial”, dijo.

El martes, diario El Deber pidió a Quintana que, en aras de la precisión y la rigurosidad que dice promover el Gobierno, especifique los nombres de los medios a lo que acusa. Esa tarde, Iván Canelas, vocero del Presidente y periodista de profesión, dijo que la publicación de fuentes reservadas es una práctica que le hace mal al periodismo.

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