25 de May de 2011 00:02

Los DD.HH. hicieron de Jaime Roldós un líder continental

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En los albores de la década de los ochenta, Riobamba fue sede de una cita regional estratégica para la imagen internacional del presidente J. Roldós.

Con los presidentes de Colombia, Venezuela, Costa Rica y Panamá, así como de los representantes de España y Perú, se suscribió la llamada Carta de Conducta.

En esencia, se trató de una declaración andina que impulsaba y defendía la importancia del respeto a los derechos humanos en la región. Aunque a la vuelta de 30 años este instrumento luzca similar a otros convenios multilaterales de esa materia, en esa época tuvo un impacto regional.

El embajador Luis Narváez recuerda que, por entonces, Ecuador era uno de los primeros países de América Latina que dejaba la dictadura militar para volver a los senderos democráticos.

En ese sentido, la suscripción de un acuerdo que privilegiaba los derechos humanos y la democracia resultaba contradictoria con la realidad de países como Argentina, Brasil o Chile.

Sobre todo -explica Narváez- porque la Carta de Conducta recogía principios pioneros, como que el respeto a los derechos fundamentales debían ir más allá de las fronteras nacionales. Con ello, desde entonces ya se refutaba el hecho de que la protección a las libertades traspasa el principio de no intervención en asuntos internos de un país. “Hubo la voluntad política (de los siete países) para establecer la Carta, con la singularidad de que aunque no es un tratado, sí se constituía en un compromiso ético y político frente a los derechos humanos”.

De hecho, uno de los 11 puntos de la declaratoria regional señala que “ los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituye norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación (...)”.

Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), rescata el espíritu integracionista del documento, cita los principios de Simón Bolívar. Y aunque la activista cree que en estos 30 años han existido avances, hay puntos en los que Ecuador luce debilitado.

Uno de ellos -dice Monge- es la participación política de movimientos y organizaciones sociales. Su argumento se basa en los episodios de protesta social protagonizados por el gobierno de Rafael Correa, alrededor de la actividad minera y extractivista en la zona amazónica del país.

Orellana y Zamora han sido escenarios de disputas con el Estado. De ahí que organizaciones como la Conaie sostengan que a partir de esos roces se ha limitado su participación. Prueba de ello -dice la agrupación- fue la aprehensión de dirigentes como José Acacho acusado de “terrorismo”.

La participación social es solo uno de los puntos que, a tres décadas de la desaparición de Roldós, preocupan en materia de derechos fundamentales en el país.

Otro son los posibles efectos para el ejercicio de la libertad de expresión, a raíz del debate de la Ley de Comunicación, con un mecanismo de regulación a los medios. Para la oposición, esta ley es la pieza central de la lucha en contra de un mandatario autoritario.

La pregunta sobre el Consejo de Regulación en la consulta popular fue la que menos apoyo ciudadano tuvo. El mensaje fue en favor de una prensa libre. Martha Roldós dice que lo que más recuerda de su padre fue su tolerancia.

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