Críticas a Rivadeneira por el allanamiento

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Redacción Política

El alcance que tiene la figura de la inmunidad parlamentaria, de la cual se benefician los asambleístas, vuelve al centro de la discusión. Esto luego del allanamiento, la semana pasada, a la oficina y hogar de Cléver Jiménez, realizado por la Fiscalía, mediante un acto urgente, solicitado por la Corte Nacional de Justicia. Al parlamentario y a su asesor Fernando Villavivencio se los investiga por un caso de supuesta intercepción de correos del Presidente y otras autoridades del Estado.

Ayer, el legislador por Pachakutik volvió a su despacho. Allí dijo que su condición de legislador fue irrespetada y que alertó de un posible "exceso" por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.

Según un documento firmado por el juez de la Corte Nacional, Jorge Blum, la titular parlamentaria habría autorizado el allanamiento de la oficina de Jiménez.

Su coidearia, Lourdes Tibán, calificó de "arbitraria" la actuación de Rivadeneira porque no está entre las funciones de la Presidenta autorizar el ingreso de personal de otras funciones del Estado al despacho de un "representante de la ciudadanía". "Solamente el Pleno estaría en capacidad de permitir o no dicha incursión". A este argumento se suma el hecho de que la autorización para el allanamiento al despacho de Jiménez se dio mientras los asambleístas estaban de vacancia legislativa, lo cual para Tibán es más sospechoso.

Los artículos 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que los asambleístas no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea. Además, el requisito para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta es la "autorización previa del Pleno de la Asamblea".

Amparado en estos artículos, Jiménez dijo que se atentó contra su inmunidad parlamentaria. "No se solicitó por parte de la Fiscalía el levantamiento de mi inmunidad. Mis derechos han sido pisoteados", dijo a la vez que tildó de "descabellada" la actitud de Rivadeneira.

En el oficialismo no era ampliamente conocida la decisión de Rivadeneira de autorizar este allanamiento. Pero prevaleció -tras grabadoras- la idea de que ella como autoridad no podía interferir en un proceso judicial.

Sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, la oficialista Ximena Ponce dijo que este es un instrumento específico dentro de la acción legislativa y que de ninguna manera sirve para "escudarse" ante investigaciones por temas que rebasan ese ámbito. Ponce recordó que el último párrafo del artículo sobre la inmunidad establece que antes de iniciar un juicio se requerirá la autorización del Pleno, "excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones".

A inicio del 2013 este fue el argumento que usó la jueza de la Corte Nacional, Lucy Blacio, para iniciar un primer proceso legal contra Jiménez, por sus declaraciones en el caso del 30-S.

Legisladores como Diego Salgado (Creo) miran en estas actuaciones un "irrespeto hacia las minorías" y como un "abuso de poder" la acción de Rivadeneira. Pachakutik no descarta acudir ante la Unión Parlamentaria Ayer el presidente Rafael Correa dijo que su decisión era enjuiciar penalmente a Jiménez y a Fernando Villavicencio por "el delito de divulgación de documentos interceptados ilegalmente. Una vez que se haga la auditoría informática y se confirme lo que ya sabemos, pondremos el juicio penal".


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