La Corte IDH y la Constitucional, las últimas cartas para Jiménez

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Redacción Política

En días pasados, distintas autoridades del Estado advirtieron que no acatarán las medidas cautelares otorgadas a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero finalmente ayer, 27 de marzo, se oficializó ese pronunciamiento.

El encargado de hacerlo fue el canciller Ricardo Patiño, quien dio una rueda de prensa junto al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

"No tienen la atribución (la CIDH) para emitir medidas cautelares. Nosotros no les vamos a atender y les hemos contestado en ese sentido", dijo ayer Patiño. Una vez más, repitió el discurso que se ha escuchado desde el lunes pasado: "La Comisión sabe que no puede solicitar medidas cautelares. Están haciendo lo que les da la gana". En la misma línea, Mera aseguró que la CIDH está politizada.

De esta forma, las expectativas que pudieron tener los beneficiarios de que con esas medidas se suspendería la sentencia quedó desechada.

Ahora, esperan que el caso sea trasladado desde la Comisión hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), cuyas decisiones sí están establecidas como vinculantes.

Julio César Sarango, abogado de los tres sentenciados, indicó que llegarán con el caso hasta las últimas consecuencias. Durante ese tiempo, ninguno se entregará.

En Pachakutik, movimiento del cual Jiménez es parte, hubo desencanto. Además, porque en la mayoría oficialista en el Legislativo no quiso ayer tratar el tema en el Pleno.

Ramiro Aguilar, asambleísta por SUMA, aseguró que ahora queda esperar a que se tramite la acción de protección interpuesta por la defensa ante la Corte Constitucional (CC).

"La situación del asambleísta Jiménez no pasa por lo político sino por el cumplimiento de las medidas cautelares y por corregir los errores jurídicos que tiene su sentencia", señaló Aguilar.

Audiencia en la CIDH

Desde las 09:00 de hoy, la CIDH analiza el caso de Ecuador dentro de su 150 período de sesiones, en Washington.

Se prevé que se realicen dos audiencias públicas: la primera sobre el derecho a la libertad de expresión y la segunda sobre la situación del derecho a la libertad de asociación y defensores de la naturaleza.

Dentro del segundo tema, representantes de la Fundación Pachamama, disuelta con base en el Decreto Ejecutivo 16, expondrán sus argumentos. Ningún representante del Estado ecuatoriano acudirá a la cita, confirmó Patiño.

Juan Auz, director ejecutivo de la ONG, aseguró que lo más preocupantes del Decreto 16 es la gran discrecionalidad que otorga a los funcionarios para determinar si una organización "cumple o no con el requisito ambiguo de no contravenir el orden público o las leyes".

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