17 de December de 2010 00:00

La Corte dispone nuevas reglas para jueces penales

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Redacción Política

Jueces, fiscales, asambleístas y autoridades del Gobierno han esquivado su responsabilidad sobre la liberación de reos por la caducidad de la detención preventiva.

La cifra de beneficiados por esta norma llega a los 8 000, desde inicios del Régimen en el 2007, según el legislador de la Izquierda Democrática, Andrés Páez. Por eso ha sido calificada como una de las causas para el aumento de los hechos delictivos en el país.En esa coyuntura, varios organismos estatales empezaron a reaccionar para terminar con los cuestionamientos. La Corte Nacional de Justicia ordenó a los jueces que, obligatoriamente, señalen quién fue el responsable para que se aplique la terminación de la prisión preventiva. Hasta ayer, ninguno lo hacía, lo que causaba la duda de saber quién dejó que los plazos se cumplieran.

La Constitución señala que una persona que no haya recibido una sentencia no podrá permanecer arrestada más de seis meses en casos de infracciones castigadas como prisión (hurtos, estafas). Y un año por delitos sancionados con reclusión (robos, violaciones, asesinatos, secuestros, etc).

El Gobierno responsabilizó a jueces, especialmente de Guayas, de abusar de este principio constitucional y coleccionar centenares de liberaciones de reos. El presidente Rafael Correa, dijo que el modelo de Justicia, vinculado con el Partido Social Cristiano en esa provincia, es el responsable.

“En el resto del país hay 200 casos, mientras que en Guayaquil existen 3 900”, sostuvo el Mandatario a inicios de este mes.

El ministro de Justicia, José Serrano, también fustigó la administración de justicia. Él sostuvo que el Código Orgánico de la Función Judicial establece sanciones a los jueces que permitan que la detención pierda vigencia. Y acusó de falta de acción al Consejo de la Judicatura, que es el encargado de juzgar las faltas administrativas de los jueces a nivel nacional.

Benjamín Cevallos, presidente de la Judicatura, reaccionó a esas críticas. Él mencionó que no se puede conocer quién es el responsable, porque hay fiscales y testigos que no van a la diligencias y tardan las sentencias. También hay abogados que con “sutilezas” ponen freno a los juicios.

En ese sentido, la decisión que tomó la Corte Nacional de Justicia servirá para conocer a los responsables de la caducidad y que se aplique el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial para suspender a jueces, fiscales o abogados responsables. Y en caso de que reincidan en tres ocasiones en la falta podrían ser separados de su cargo.

“La resolución tiene una consecuencia práctica. Ahora, la Judicatura deberá actuar inmediatamente para sancionar a los responsables. No habrá excusas”, aseguró una fuente de la Corte.

Para el asambleísta Páez, la decisión de la Corte de Justicia puede contribuir para terminar el caos. Pero él sospecha que los órganos judiciales no está en la capacidad logística para analizar los fallos y sus fundamentos. “No creo que los jueces responsables vayan a tener el menor escrúpulo para engañar en su fallos” .

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