A ocho meses de las elecciones presidenciales del 2013, el país comienza a palpar una campaña electoral anticipada.
Desde hace semanas, tres potenciales candidatos a la Presidencia promocionan su imagen en los medios de comunicación, aunque niegan que sea parte de proselitismo electoral. Incluso señalan que no está definida su participación como candidatos.
Se trata del presidente Rafael Correa, el ex banquero Guillermo Lasso y del activista político Mauricio Rodas. Aunque todavía no se abre la inscripción de candidaturas y no arranca el período formal de campaña, los tres han empezado a difundir su imagen, trayectoria y propuestas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dice estar “preocupado” por esta campaña anticipada.
Por ello, el organismo exhortó, mediante un comunicado, a las organizaciones y sujetos políticos a abstenerse de realizar campaña fuera de los tiempos legales.
Y les advirtió que la realización anticipada de actos de electorales constituyen “infracciones sancionadas por la ley”. De ahí que la autoridad electoral también reiteró que cualquier gasto deberá ser reportado, aun si estos fueren contratados con anterioridad a la convocatoria a las elecciones, prevista para octubre.
No obstante, esta advertencia del CNE no incluye a todos los sujetos políticos con algún interés de electoral. El presidente Rafael Correa está exento.
El titular del CNE, Domingo Paredes, aclaró que el organismo no puede prohibir que el Primer Mandatario promocione su imagen, “ni siquiera en campaña electoral”. Para sustentar su postura hizo una analogía entre Correa y Obama, sosteniendo que ambos son jefes de Estado y deben recorrer el país.
Esta declaración del titular del CNE causa asombro y preocupación en actores políticos de oposición, quienes auguran una campaña electoral inequitativa.
Sobre todo, porque el Presidente podrá promocionar con absoluta libertad su obra gubernamental y su imagen, mientras los demás precandidatos estarán bajo la lupa electoral.
La directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, considera que el control del CNE debe ser “transparente y equitativo” con los todos los ciudadanos. En ese punto, advierte que la vigilancia debe ser más dura para los funcionarios públicos, “pues la Constitución prohíbe el uso de recursos estatales con fines electorales”. También dice que si Correa se lanza a la reelección, al ser Presidente y sujeto político, tendrá una mejor posición respecto de otros actores.
Carlos Aguinaga, ex presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, opina que el CNE debe reglamentar sobre los candidatos a la reelección. “El ejercicio del poder político genera campañas directas e indirectas y el CNE debe regular eso”.
Este escenario ya se vivió en la consulta popular del 2011. Para ese proceso, Correa fue calificado como sujeto político por el CNE y, según las denuncias de los opositores, utilizó recursos del Estado para promocionar su tesis por el sí. La Contraloría dijo que no tenía facultades para intervenir.
“Bajo diferentes fachadas, Correa se encuentra en campaña electoral permanente. El ejercicio del poder lo hace en la tarima, con propaganda y la publicidad”, dice el asambleísta de Sociedad Patriótica, Fausto Cobo.
Otro punto que preocupa a los opositores es la conformación de los organismos electorales. Los miembros del CNE y del Tribunal Electoral son identificados como cercanos a Carondelet.
“Correa tiene asegurada la cancha”, dice Andrés Páez, asambleísta de la ID. Él considera que todos los que hagan campaña anticipada deberán someterse a las sanciones legales, pero advierte que el CNE aplicará la Ley a todos, menos al Presidente.
Vacíos en la legislación
Domingo Paredes, presidente del CNE, dice que hay un vacío legal que no permite castigar a los actores políticos por campañas anticipadas. “Debemos ir anotando las lecciones aprendidas”.
El ex presidente de ese organismo, Omar Simon, ratifica que pese a la última reforma electoral impulsada por el Gobierno, el Código de la Democracia todavía presenta ambigüedades para su aplicación. Una de ellas es que no se establece el tipo de sanción que recibe el sujeto político que realice precampaña.
No obstante, aseguró que el CNE, al tener la facultad de la interpretación de la norma, puede regular las ambigüedades, mediante una resolución o una disposición. Pese a ello, reconoce que determinar qué es una campaña anticipada es algo complejo, “porque la línea para dividir lo que es promoción electoral de una promoción de imagen personal puede ser subjetiva”.
El artículo 219 del Código de la Democracia prohíbe a los servidores públicos el uso de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres.
Ruth Hidalgo sostiene que el CNE debería aplicar esta norma, pues su organización considera que la publicidad del Gobierno ‘Yo acuso al Presidente’, encajaría dentro de estas prohibiciones.