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Correa fue humillado, dice la jueza Portilla en la sentencia

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7 de February de 2012 17:00

Rafael Correa no solo sufrió un desprestigio de su honra sino que fue humillado por Juan Carlos Calderón y Christian Zurita los autores de El Gran Hermano.

Esta es una de las conclusiones a las que llega la jueza Mercedes Portilla en la sentencia en la que condena a los dos periodistas y autores del libro a pagar un millón de dólares a cada uno para resarcir el daño moral que, dice, sufrió Correa.

Los dos periodistas realizaron una investigación periodística en la que se reveló que el hermano del Presidente, Fabricio Correa, había firmado contratos con el Estado por 80 millones. Informes de la Contraloría y Procuraduría establecieron que los contratos sumaron USD 197 millones y una veeduría ciudadana los calculó en USD 700 millones.

Hasta la presente, ninguno de los involucrados en la firma de estos contratos ha sido llevado a juicio penal.

Según Portilla, la afirmación hecha por los periodistas de que el Presidente sí conocía de los contratos firmados por su hermano Fabricio y el Estado ocasionó un daño en su “en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera del él” y tuvo “que defenderse por los hechos publicados en la obra El Gran Hermano; obligado a emprender en diferentes gastos, honorarios profesionales, y afectar su legitima vida de su hogar, en su entorno familiar, a nivel nacional e internacional, y las demás repercusiones de carácter personal y social, que evidencian en la especie, nada mas claro, la mancha a la reputación y el buen nombre del actor, resultando esto en un acto de desprestigio deshonra y humillación”.

La jueza considera también que no era necesaria una prueba psicológica para demostrar la afectación pues “es imposible o sumamente difícil de probar” el daño moral. “Por la sencilla razón de que el daño moral refiere a lo espiritual, a lo inmaterial, a aquello que solo la persona que lo sufre puede indicarlo, siendo innecesario que un profesional de la psiquiatría o sicología certifique tales padecimientos”, dice Portilla.

Por otro lado, la jueza dice que si bien los funcionarios públicos están sometidos a la crítica, “algunas personas no comprenden que, de criticar a emitir agravios hirientes hay el trecho que va de la democracia a la delincuencia”.

En esa línea agrega que cuando se denuncia actos de corrupción “si bien es loable tal postura no les otorga a ninguna ciudadana o ciudadano el derecho de ofender o de efectuar imputaciones que no han sido verificadas por los diferentes organismos de control; de hacerlo, se estaría entrando en el umbral que deriva en un acto ilícito”. Es decir que si uno de los organismos de control no ha verificado el hecho, los periodistas no tienen derecho a denunciarlo.

En otra parte de la sentencia, Portilla desecha el argumento de los demandados que afirman haber sido, asimismo, ofendidos por el presidente Correa quien en sus enlaces de los sábalos los calificó de “enfermos, payasitos, cucarachitas”. Según la jueza, esos argumentos no son válidos porque los demandados no han especificado “de ninguna forma ni el lugar, ni la hora, ni el sitio en el que supuestamente fueron vertidas estas acusaciones, atentando al derecho a la legítima de defensa”.

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