1 de June de 2012 00:01

El compás oficialista marcará la elección de jueces constitucionales

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El concurso para elegir a los nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC) empieza hoy. Y tal como está estructurado el proceso se muestra hermético, sin control ciudadano efectivo y con una amplia posibilidad de que el oficialismo imponga sus cuadros en esta estratégica instancia.

Hasta hoy, las funciones Ejecutiva y de Transparencia y Control Social (Quinto Poder) deberán presentar los nombres de sus precandidatos. Como ya lo hizo la función Legislativa el martes, estos dos poderes del Estado deben enviar sus respectivas listas con nueve nombres cada una.

De este universo de 27 precandidatos, se escogerá a los nueve magistrados que permanecerán en el cargo hasta nueve años. De ellos depende el control constitucional y asumir, como jueces de última instancia en temas de corte jurídico y legislativo.

¿Qué garantías hay de que este concurso se conduzca con independencia política? Es una interrogante aún por resolver.

El proceso de selección está en manos de la Comisión de Calificación, integrada, a su vez, por seis representantes de las funciones del Estado. Son Juan Cevallos y Pamela Martínez (Ejecutivo); Francisco Vergara e Ivet Zapata (Legislativo); Néstor Arbito y Cynthia Guerrero (Quinto Poder).

Tanto la integración de esta comisión, como el origen de los 27 nombres sobre los cuales se escogerá a los nueve vocales de la CC encierra una paradoja: las mismas funciones del Estado seleccionarán a la nueva Corte con candidatos que estas mismas propusieron en sus tres listas.

La vocal del Consejo de Participación, Andrea Rivera, ente encargado de supervisar este proceso, ve difícil que exista autonomía en la selección. Todas las personas que integran las funciones del Estado, para proponer a los 27 candidatos como para realizar la selección, “tienen una evidente relación con el Régimen”.

Por ejemplo, el martes pasado en la Asamblea fue Alianza País el bloque que, ayudado por un voto del Prian, impuso los nombres de sus nueve precandidatos.

El Gobierno, por su parte, tiene la opción de proponer nueve cuadros, al igual que el Quinto Poder que, en su mayoría, está integrada por funcionarios cercanos al oficialismo (ver infografía).

Para el jurista Santiago Guarderas el riesgo de este concurso es que los poderes Legislativo y de Transparencia, que deberían ser independientes, están subordinados al Régimen. Por lo tanto anticipa que la nueva Corte Constitucional responderá a los intereses del Gobierno.

A esta conformación hermética se anticipa también una escasa participación ciudadana. La veeduría que vigilará el concurso deberá guardar con absoluta reserva la información de cada una de las fases de ese proceso de selección, pues así se definió en el reglamento. David Rosero, vocal del Consejo de Participación, que elaboró esa normativa, asegura que no existirá control ciudadano. Según su colega, Mónica Banegas, se decidió poner reservas a la veeduría, solo hasta que termine el proceso, pues lo que se quiere impedir es que la información se politice.

Guarderas y Rosero, no obstante, demandan más trasparencia, porque el mecanismo de calificación de los candidatos les despierta suspicacias.

Dentro de la etapa final de calificación se prevé la comparecencia oral de los candidatos. Esta fase equivale a 35 puntos de los 100 que suma el proceso. Guarderas, Rivera y Rosero creen que en este espacio podría manejarse de manera discrecional.

Banegas defiende el concurso, pues cree que este sistema es mejor a la forma en la que se escogía al anterior Tribunal Constitucional, “donde el Congreso a través de suma y resta de votos y favores elegía a sus integrantes”.

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