21 de April de 2010 00:00

La Comisión ocasional quiere ampliar el concepto de cláusula de conciencia

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Redacción Política

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María Augusta Calle lanzó la propuesta en la Comisión de Comunicación. Ella manifestó que las personas que pueden incidir sobre los reporteros “no son únicamente los dueños de medios, sino además, los responsables editoriales”.

Esa idea fue parte de la discusión para reformar el concepto de cláusula de conciencia dentro de la nueva Ley de Comunicación.

Y su propuesta, con algunas modificaciones, se sigue debatiendo.La cláusula de conciencia es un principio internacional que respalda al periodista cuando este se niega a difundir información que vaya en contra de sus principios morales, éticos, religiosos...

En la Constitución también se incluye un artículo sobre este concepto. Se trata del 20, que señala que “el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación”.

Sin embargo, la intención de la Comisión de Comunicación fue ir más allá de ese principio constitucional. Sobre todo para sancionar a quien incumpla esa norma. Eso quedó evidenciado desde el debate del lunes último.

Ese día, Ángel Vilema, miembro de la Comisión y representante de Alianza País, sostuvo que en caso de vulneración de esta cláusula, el responsable deberá ser el representante judicial del medio.

Sin embargo, su colega Calle pidió que se incluyera también a los responsables editoriales en la lista de los posibles sancionados.

El planteamiento de Calle fue apoyado por Betty Carrillo, presidenta de la Comisión y también de Alianza País. Ella pidió trabajar en un articulado con base en esa propuesta. “Frecuentemente, y en forma arbitraria, son cambiados los textos de los periodistas por las instancias editoriales, transgrediendo los derechos de los comunicadores”.

Carrillo planteó que la Ley debe observar que los comunicadores se acojan a este derecho en caso de que su artículo o producto haya sido cambiado, vulnerando así el concepto del texto original.

Ayer, los comisionados nuevamente sesionaron para tratar ese tema. Los seis miembros de Alianza País apoyaron la inclusión de la propuesta de la legisladora Calle, con algunas modificaciones.

Su tesis fue que todas aquellas personas que se “dedican a obtener, elaborar información y emitir opiniones para difundirlas públicamente por cualquier medio de comunicación, empresas o instituciones públicas tienen derecho a aplicar la cláusula de conciencia”.

Es decir, podrán negarse fundamentadamente a realizar una orden de trabajo, impedir la difusión o alterar su contenido si este implica que se infrinjan normas legales o deontológicas o desarrollar contenidos contrarios a sus convicciones.

No obstante, en la Comisión se propuso ampliar este concepto para que los comunicadores puedan negarse a suscribir o “retirar su firma de un texto, en el caso de que su concepto original haya sido modificado por un superior”.

Además, podrán rescindir su contrato cuando el medio o donde trabajen cambie de orientación ideológica. Para los asambleístas, este hecho no los hará perder los beneficios de Ley, pues la violación de esta cláusula implicará un despido intempestivo .

Este tema será otra vez tratado hoy en la sesión de la Comisión de Comunicación. Para esta tarde también se espera la visita del Contralor y del Procurador para que hablen sobre el financiamiento de los medios estatales.

Más reparos al proyecto de ley

Cinco grandes objeciones puso la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador con al proyecto de Ley de Comunicación que debate la Asamblea.

Luego de la reunión mantenida en Ibarra, el fin de semana, se elaboró un documento en el que se muestra su preocupación por la forma “enrevesada, confusa y redundante”, en que se está redactado el proyecto.

Un segundo reparo tiene que ver con el tratamiento que la Comisión Ocasional de Comunicación quiere dar a los medios privados. Las cámaras de Comercio se refieren al desconocimiento de los “legítimos intereses” que tienen sus accionistas y propietarios de administrar estas empresas. En este punto se cuestiona la confusión en la que caen, tanto este proyecto de ley como la Ley de Participación Ciudadana, al no diferenciar “la responsabilidad social” que tienen los medios privados, con el concepto de entidades de “servicio público”.

La Federación cuestiona la “minuciosidad” de las prohibiciones referidas a la participación del sector financiero en los medios. La conformación del Consejo de Comunicación también fue observada. Finalmente, la Federación tomó como referencia nueve constituciones de la región para evidenciar que, en ninguna de ellas se crean organismos encargados de sancionar a lo medios, más allá de la jurisdicción penal.

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