Por más que presionaban los botones de encendido, los focos de la sede del Colegio de Abogados del Guayas (CAG) no se iluminaban ayer. Desde el martes en la noche, el área de la Corte de Justicia del Guayas, donde despacha ese gremio desde 197, no cuenta con electricidad ni agua.
Para los directivos, la suspensión de los servicios es “el último acto cobarde y disparatado del Gobierno” para presionarlos a salir del lugar. El lunes pasado fueron notificados para que entregaran las instalaciones de la Corte de Justicia del Guayas.
Juan Vizueta, vicepresidente del CAG, dijo que viven un “clima de desconcierto” pero que van a “esperar el desalojo”.
El Decreto Ejecutivo 933, del 9 de noviembre pasado, indica que el gremio debe dejar la Corte. Según el documento, el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) solicitó la salida del CAG porque su presencia “no beneficia las actividades judiciales ni contribuye a su seguridad”.
En la notificación, el presidente Rafael Correa autorizó a la Judicatura solicitar la asistencia de la Policía Nacional para cumplir con la “entrega de las instalaciones”. En defensa del Gremio, su secretario, Pedro Granja, citó el artículo 33 de la Ley de Inquilinato, donde establecen un plazo de tres meses para desalojar. Mientras la notificación sostiene la salida “de forma inmediata” del Gremio.
Además manifestó que “ni en sueños van a lograr que nos callemos”. Los agremiados sostienen que el “verdadero motivo del desalojo” es su posición crítica al Régimen. Granja agregó“que venga (Fernando) Yávar, (Ricardo) Patiño, Alexis Mera y los Alvarado, todos sus guardaespaldas y que el mundo observe como nos sacan en medio de un carnaval de agresiones”. También dijo que expulsarán a Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia. Pero él replicó: “la afiliación no es obligatoria y, por lo que haga ese decadente Colegio me tiene sin cuidado”.