5 de October de 2012 00:01

CNE retrocede en su intención de prohibir divulgación de resultados

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El reglamento de observación electoral, aprobado la semana pasada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), generó confusión y dudas. La razón: el numeral 4 del artículo 20, prohíbe a los observadores proclamar pronósticos o resultados electorales.

Con la vigencia de este artículo, el trabajo de organizaciones como Participación Ciudadana, que desde el 2002 realiza un procedimiento de conteo rápido, no podrá dar a conocer sus resultados hacia la noche del 17 de febrero, día en que los ecuatorianos acudirán alas urnas.

El trabajo de Participación Ciudadana se realiza de manera paralela al sistema de escrutinio y divulgación de los resultados que realiza el CNE. Así como también a las encuestas a boca de urna que, en varias elecciones pasadas, han servido de material para que los medios de comunicación den a conocer las primeras aproximaciones de los primeros resultados electorales.

Al tratarse de una organización independiente, Participación Ciudadana divulga cifras de carácter no oficial. Lo hace mediante un sistema de selección por muestreo de las juntas receptoras del voto, dos horas después de haberse terminado la jornada de votación (17:00).

Según la directora ejecutiva Ruth Hidalgo, Participación Ciudadana tiene un margen de error del 0,5% en los datos que llega a proyectar. Por esa razón, dijo sentirse preocupada por el alcance del reglamento que si bien se aprobó el viernes pasado, fue difundido la noche del miércoles en el portal web del CNE.

De inmediato, Hidalgo fue hasta la oficina de Domingo Paredes, el titular del organismo electoral, quien le aseguró que el reglamento contiene algunos lapsus y “errores semánticos” y que de inmediato habrá que ajustarlos.

El paréntesis que se comprometió abrir Paredes motivó a que Participación Ciudadana presente una propuesta de reforma sobre el artículo 20 para qué esta organización pueda difundir el resultado del conteo rápido luego de los comicios. “Esperamos que se mantengan las garantías de difusión y de acceso a la información”, dijo Hidalgo.

De hecho, los vocales del CNE se han comprometido a tratar en la próxima reunión del Pleno la propuesta de reforma. Pese a este compromiso, las dudas de ex vocales electorales persisten.

Por ejemplo, Marcia Caicedo mira con sorpresa esa resolución pues sostiene que los ciudadanos cuando participan de un proceso tan importante como una elección presidencial, mas allá de ejercer el derecho al voto, realizan un seguimiento de las noticias. “Todo lo que se prohíbe en democracia y que permite limitar el conocimiento de los ciudadanos genera reacciones negativas”.

Un ejemplo fueron los resultados que se divulgaron durante la consulta popular del 2011 por la encuestadora de Santiago Pérez. En ese proceso, esos datos le dieron un amplio margen de ganancia a las 10 preguntas de la consulta popular. No obstante, los resultados del conteo rápido realizado por el CNE revelaron que el margen de ganancia no fue tan amplio estableciéndose una diferencia del 8,1%, en promedio.

“Gracias al conteo rápido el CNE pudo evitar la gran conmoción”, recuerda Caicedo.

Otro ex vocal, Medardo Oleas, dice que si el país no cuenta con un control electoral adecuado y se pone trabas a la libertad de la información “estamos en un proceso de indefensión total pues se está ocultando la información y eso es un fraude directo”.

Sobre el error semántico que argumentó el titular electoral, Caicedo y Oleas sostienen que de la aplicación de las leyes radica en la confianza en las autoridades y que ese tipo de errores “no se cometen ni son casuales pues generan desconfianza”.

El CNE tenía previsto ayer realizar el debate del reglamento para la selección de miembros de las justas receptores del voto. Por otro lado, todavía no se define si realizará o no un conteo rápido.

Paredes viaja  a Venezuela

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía previsto dar a conocer, con el carácter de oficial, el nombre de las fuerzas políticas del país que mantienen su vida jurídica, luego de haber completado el 1,5% de firmas válidas y de haber presentado los requisitos administrativos y legales que exige el CNE.  

En la reunión se debían  conocer 163 informes de todas las fuerzas políticas. La reunión estaba prevista para el mediodía, pero por un retraso en los informes del departamento jurídico este no arrancaba hasta las 18:00.

Entre los requisitos que deben cumplir las fuerzas políticas para participar en las elecciones del 2013 está haber completado las 157 000 firmas validadas y que de estas el 60% sea  recogido en las provincias más pobladas: Guayas, Pichincha y Manabí.

Debido a que Paredes parte hoy a Venezuela, como miembro de las misiones electorales para los comicios de este domingo, Concertación y SUMA, los partidos que no alcanzaron a reunir las 157 000,  buscaban una reunión.

Juan Carlos Solines (Concertación)  pidió al organismo confirmar la metodología que van a utilizar para asignar las firmas repetidas de las organizaciones políticas. Pero el CNE no realizará este ofrecimiento, pues unas siete millones de rúbricas duplicadas fueron enviadas a la Fiscalía.

Por su parte, Mauricio Rodas (SUMA) fue recibido por los vocales electorales quienes le habían dicho que revisarán unas  3 000 firmas que  habrían sido dadas de bajas injustamente. Según Rodas con esta revisión alcanzarían a  completar el 1,5% de rúbricas válidas. Paredes regresará el martes.

Los reglamentos

El CNE ya tiene  lista la normativa interna sobre procesos electorales. Se trata de un estatuto, tres instructivos, una resolución y siete reglamentos. Estos tienen como objetivo viabilizar los procedimientos electorales.

Un reglamento  que ha generado dudas entre las fuerzas políticas es el de Democracia Interna,  pues  el artículo 9 señala que los   candidatos deberán aceptar su   candidatura debe ser un “acto público, expreso, indelegable y personalísimo”. Por lo que Abdalá Bucaram y Noboa no podrían ser candidatos.
 
En el reglamento  para inscripción de candidaturas se establece que los asambleístas de las nuevas circunscripciones deben haber nacido o vivido en esos sitios durante dos años. Políticos tachan la norma de ilegal.

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