Marcelo Larrea, dirigente del movimiento Participación, dice que el paquete de reformas no garantiza un escenario electoral equitativo.
Su experiencia. Es periodista, sociólogo, economista y filósofo. Vicepresidente de la Federación Nacional de Periodistas. En el 2006 fue presidencial.
Su punto de vista. Las reformas al Código de la Democracia son en sí un fraude electoral, que no garantiza la equidad en la contienda.
Hoy entran en vigencia las reformas electoras que concretaron la voluntad del Ejecutivo ¿Cuáles son los retos de los nuevos colectivos en este escenario?
Tanto el proyecto de reformas presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), como el veto presidencial, son inconstitucionales. El primer vicio es que las reformas fueron realizadas para beneficiar al presidente Rafael Correa. Se pretende que él no deba renunciar a la Presidencia antes de reinscribir su candidatura, como sí lo establece la Constitución.
Pero un reglamento lo habilitará y hay el antecedente de que el Presidente fue sujeto político en la consulta.
Si esa reforma se aplica, implicaría una reforma constitucional. Si el presidente Correa no renuncia antes de inscribir su candidatura, esta será nula. Y si gana, su elección también será nula. Una ley no puede reformar la Constitución.
El método de asignación de escaños también fue modificado…
El sistema de asignación de escaños propuesto en el veto constituye una contrarreforma electoral, que facilitará la consolidación y concentración de poder de los grupos mayoritarios. Es antidemocrática y violenta los principios de la Constitución.
Quizá la actual composición de la Asamblea no le ha permitido al Ejecutivo agilitar el trámite de algunas leyes claves…
Ese es el objetivo: avanzar hacia un régimen autocrático en el cual la voluntad del presidente Correa esté por encima de la voluntad ciudadana, algo éticamente intolerable.
En este marco ¿cómo ve la actuación del CNE?
Estamos frente al diseño de un proceso electoral en el cual el CNE ha sido virtualmente integrado con empleados del Gobierno. Es un organismo subalterno al candidato Correa y no tiene ninguna legitimidad. Incluso ya han anunciado la modificación del calendario electoral que permitirá que el veto ingrese por el Ministerio de la Ley. Estamos ante un proceso ilegal, en donde el único que puede tocar la pelota dentro de la cancha es el presidente Correa.
¿Se refiere a las limitaciones que tendrán otros actores políticos de promocionar su propuesta en medios de comunicación?
Significa la mutilación de la deliberación política. Un proceso electoral es esencialmente un escenario de debate político. Suprimir esto mutila el derecho de los medios de comunicación a informar y a ejercer la plena libertad de expresión. Esta es la muestra de que se trata de llevarnos a un proceso sin posibilidad de debate y donde el CNE será una especie de policía electoral, que podrá suspender la propaganda política, si hace daño al candidato preelegido. Las reformas mutilan los derechos democráticos de candidatos y ciudadanos.
¿Esto configura un peligroso escenario para la democracia?
Esto revela que hay un fraude electoral en curso. Ese fraude implica amordazar a todos los candidatos para que así compitan contra el Presidente, quien además se ha arrogado el derecho al uso de fondos públicos en función de su candidatura. Un crimen contra la democracia y las libertades.
¿Harán algo al respecto?
La Asamblea Plurinacional por la Dignidad, que se realizó en Yantzaza el 15 de enero y que reunió a 3 000 líderes sociales y políticos, se pronunció para organizar la marcha por la dignidad nacional, el 8 de marzo. En ella plantearemos categóricamente la derogación de este ‘paquetazo’ electoral, pues en sí mismo constituye un fraude electoral. El Presidente debería garantizar un proceso electoral con reglas justas.