En un año electoral en que el Gobierno gastará USD 129 millones en publicidad, hay inquietud por la efectividad del control para evitar que esos fondos se destinen a proselitismo.
Así lo sostienen voces de la oposición y analistas en materia electoral, que advierten que difícilmente se podrá evitar que esos recursos influyan en el electorado, de cara a las presidenciales.
Una de las principales preocupaciones reside en la aparente cercanía que tendrán los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Según el Código de la Democracia, este es el organismo llamado a controlar que fondos públicos no sea utilizados con fines de proselitismo electoral.
“El problema es que no hay independencia de las instituciones que ejercen el control del gasto, como es el caso de la Función Electoral”, señala Carlos Aguinaga, ex titular del desaparecido Tribunal Supremo Electoral.
Sus palabras se refieren a que los cinco miembros del Consejo Electoral, elegidos por concurso de méritos, han tenido alguna cercanía con el oficialismo.
Así, Paúl Salazar fue asesor del ahora canciller Ricardo Patiño, mientras que Mágdala Villacís es funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). El vocal Domingo Paredes fue secretario Nacional del Agua y Roxana Silva fue vocal del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Por último, Juan Pablo Pozo fue secretario relator de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
“En la medida en que todos han sido parte de la Función Ejecutiva o cerca del partido de Gobierno, ¿de qué tipo de control podemos hablar?”, se pregunta Aguinaga.
Las preocupaciones de la oposición van más allá. Para César Montúfar, asambleísta y ex director de Participación Ciudadana, no existe una norma fuerte que impida que la publicidad oficial trascienda al proselitismo.
Desde su óptica, hay un retroceso en materia legal. La razón: la Ley solo prohíbe al Gobierno hacer publicidad en los días de campaña. “El resto del tiempo puede hacer publicidad con colores, marcas y los eslóganes que luego pueden ser utilizados por la campaña electoral del oficialismo”.
Montúfar recuerda que antes del actual Código estaba vigente la Ley del Gasto, que impedía que la publicidad oficial contenga colores, nombres y emblemas.