Con cinco votos el CAL despojó a Jiménez de su condición de legislador

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Redacción Política

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) zanjó la suerte de Cléver Jiménez. Desde ayer, 8 de mayo, oficialmente, él dejó de ser asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe.

Su lugar lo ocupará el legislador alterno Milton Gualán.

La decisión del CAL se amparó en lo que se señala en el octavo punto de sus funciones y atribuciones, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa: "imponer sanciones establecidas en esta ley". Una de ellas es que un legislador con sentencia penal ejecutoriada pierde su investidura. Esta sanción aplica para todo el período para el que fue electo.

El artículo único de la resolución dice: "oficializar la principalización del señor Milton Rodrigo Gualán Japa, alterno del señor Cléver Jiménez Cabrera desde el 21 de marzo del 2013".

Aquel día, la Asamblea recibió la notificación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sobre la sentencia a 18 meses de prisión, por injurias al presidente Rafael Correa.

En dicha notificación, firmada por la secretaria relatora encargada de la CNJ, Martha Villarroel Villegas, se dispone "la suspensión de sus derechos de ciudadanía por el tiempo igual a la condena".

Desde la bancada de Creo y de otros sectores de oposición se consideró que la jueza Lucy Blacio, quien llevó el juicio, había actuado sin apego a lo que establece la normativa. La única instancia para quitar la inmunidad parlamentaria es el Pleno de la Asamblea. Algo que no ocurrió en este caso, por lo que el juicio, insisten, debería ser considerado nulo.

A pesar de ello, la decisión de la mayoría del CAL fue aceptada. Hay una simple razón: se trata de un trámite administrativo posterior a la sentencia ejecutoriada.

"Tramitar este pedido de la Corte le corresponde al CAL", dijo José Moncayo, representante de Creo en esa instancia y el único que votó en contra de los seis que se reunieron.

Pero para Virgilio Hernández, vocal por Alianza País, hay un respeto a lo que dice tanto la Constitución, el Código Penal y la Ley Orgánica de la Legislatura. Y de algún modo, insistió en que es necesario un debate sobre los alcances y las limitaciones de la inmunidad parlamentaria, tema de fondo en el caso Jiménez.

El constitucionalista Enrique Herrería ve que esta decisión traería algunos problemas en el plano internacional. Si el Estado ecuatoriano no acepta las medidas cautelares que dictó la Comisión de Derechos Humanos, caería en la figura de "desacato" y podría ocasionar sanciones severas "Al no tener capacidad coercitiva el Sistema Interamericano establecerá las indemnizaciones futuras".

La figura del desacato fue también la preocupación del CAL, según Hernández. Por ello, con la principalización de Gualán, se está "respondiendo a una orden judicial".

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