Los cambios anunciados por Galo Chiriboga en la Fiscalía General del Estado han provocado inquietud entre los trabajadores de esa dependencia.
Pese a que en su discurso inaugural el nuevo Fiscal de la Nación garantizó a los funcionarios estabilidad laboral, hay incertidumbre por las directrices que adoptarán las nuevas cabezas del organismo, y por la reingeniería anunciada en todo el sistema judicial.
Chiriboga básicamente podrá nombrar de manera inmediata a su equipo cercano de colaboradores. Es decir a los directores financiero, administrativo, de relaciones públicas, gestión y recursos humanos. De ellos dependen las políticas departamentales y los mecanismos de trabajo.
También podrá escoger al asesor jurídico, y a los asesores que despachan y elaboran los informes de los casos que, por ley, debe despachar el Fiscal. Estos son los relacionados a investigaciones de altos funcionarios públicos que tienen el rango de Ministros y gozan de fuero de corte nacional.
Finalmente nombrará al Fiscal Subrogante, quien será el encargado de tomarle la posta cuando tenga otras gestiones. En este punto existió un discrepancia con el anterior fiscal, Washington Pesantez, quien sostenía que este puesto debía ser ocupado por el funcionario mejor puntuado de la Fiscalía.
Pero desde un inicio Chiriboga dejó claro que sería él quien escoja a la persona que ocupará ese estratégico cargo.
Chiriboga todavía no ha consolidado estos primeros cambios. Ayer, en Madrid comunicó a las autoridades españolas sobre el cese de sus funciones como Embajador. También se dedicó a ultimar trámites personales. Regresará con su familia el viernes próximo, para instalarse en Quito de manera definitiva.
La Fiscalía está integrada actualmente por 3 000 funcionarios, de los cuales 700 son agentes fiscales (ver tabla). Según el código Orgánico de la Función Judicial, los 24 Fiscales distritales ingresan mediante concurso público interno y su permanecía dentro de los cargos es de seis años.
[[OBJECT]]Pero para Chiriboga una evaluación integral es necesaria, no solamente para medir los conocimientos en materia penal. Sostiene que también es clave una fuerte personalidad para resistir a las presiones. Luego de esta evaluación, que también se la realizará a los jueces, se realizará una “reingeniería”.
El temor dentro de algunos servidores (quienes pidieron la reserva del nombre) es que esta reestructuración se la realice con un criterio político. Casa afuera juristas también critican una conformación que no sea técnica.
Gustavo Medina sostiene que si la Fiscalía se maneja con criterio político habrá fiscales que, por servilismo al poder Ejecutivo, facilitarán a que todo funcionario público salga favorecido. “El riesgo más grande es que la justicia se resuelva en función de intereses”.
Otro tema que está en discusión es la futura independencia de la Fiscalía. Durante los 18 meses que el Consejo Tripartito reformará la Justicia, la Fiscalía mantendrá su independencia.
Pero el Consejo de la Judicatura definitivo tendrá la capacidad de dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción.
Dentro de la Fiscalía, funcionarios de alto rango, reconocen que si no se delimita con claridad las actividades que podrán realizar, se crearán unidades inoperantes en la parte administrativa. Esto debido a que ya no podrían realizar adquisiciones de insumos básicos de oficina o autorizar vacaciones a sus colaboradores.
Sostiene que el Consejo Tripartito debe elaborar un reglamento o manual de procedimientos.