10 de October de 2012 19:38

César Rodríguez responde a Rafael Correa

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El asambleísta César Rodríguez, separado de Alianza País, le envió esta carta a Fernando Cordero. De esta forma reacciona a la misiva enviada por el presidente Rafael Correa a Cordero, criticando los pedidos de información.

A pesar de los valiosos esfuerzos de unos pocos representantes del Poder Legislativo por modificar los inveterados defectos del Ejecutivo, del hiperpresidencialismo y de la partidocracia, su Majestad, el último monarca, ha emitido un nuevo rapapolvo real en contra de la Asamblea Nacional mediante una carta dirigida a su Presidente, la cual, en forma y contenido, se asemeja sorprendentemente (hasta en la tipografía, lo cual resulta por demás ridículo) a los antiguos edictos con que se ordenaba la voluntad soberana sobre el pueblo obediente.

En dicho escrito, si así pudiera considerarse, se retuercen con desparpajo las más primitivas reglas del discurso: desde la hermenéutica constitucional y jurídica, pasando por las reglas del sentido común y el uso de silogismos falaces, hasta la ortografía. No voy a mencionar la docena de horrores que contiene la carta de su Majestad porque asumo que usted, mejor que nadie, los habrá saboreado.

Con respecto al motivo de la carta, en ella se señala: “En ocasiones se actúa con mala fe, contrariando las normas constitucionales expresas que conceden a la Asamblea Nacional, se entiende a través de su Presidente y representante legal, la facultad de requerir información necesaria para fiscalizar…”

Ante tamaña tontería y el fardo de palabras y razonamientos expuestos para justificar el absurdo, no me queda más que explicar que en el artículo 127 de la Constitución no se menciona entre las prohibiciones de los Asambleístas la de requerir directamente información a los ministros de Estado; que, según el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le corresponde la fiscalización y control político a las y los asambleístas, a las comisiones, Y al Pleno de la Asamblea Nacional, lo que no admite interpretación alguna; mientras el artículo 12 no contiene ninguna disposición que faculte al Presidente de la Función a autorizar el requerimiento de información por parte de un asambleísta. Dicho lo cual sugiero por su digno intermedio a los analistas jurídicos de la Presidencia de la República que tengan a bien aprender a leer la totalidad de los documentos que utilizan como instrumentos de su trabajo, y no solamente los títulos.

El tono y los argumentos de la carta son los de un reino imaginario donde gobierna el autor de un Edicto que enuncia, por sí y ante sí, que no se admitirán más requerimientos de información por parte de los máximos representantes del poder popular, e instruye a sus consejeros, cual marionetas, que ignoren tales pedidos, dando con ello el portazo final: ha colocado a las puertas del reino un aldabón contra cualquier intento de fiscalizar las acciones u omisiones de su desaforada corte.

Los enunciados de la carta constituyen una vulgar reducción interpretativa sustentada en una vaguedad jurídica tan primitiva como “se entiende”, equivalente, en este caso, a “según se cree, según se interpreta, según se considera, según yo desee”. Y sobre este uso caprichoso e infantil, el monarca reduce a “acto administrativo” las atribuciones de los Asambleístas, es decir, las atribuciones del pueblo pero, más grave aún, reduce a voluntad del Presidente de la Asamblea el valor de la fiscalización y el control de las acciones del Ejecutivo. Así, de un plumazo, Su Majestad decide ignorar ciento veinte y tres de las ciento veinte y cuatro delegaciones del poder popular.

Una pregunta se impone: ¿decidirá Usted, Arquitecto Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional, acordar con esa mala interpretación?

De hacerlo, Señor Presidente, deberá afinar con muchísimo cuidado su argumentación para justificar tal despropósito y convencernos a los restantes ciento veinte y tres legisladores de que nuestra representación tiene algún sentido. ¿Para qué habríamos de asistir al Pleno si usted, como representante legal, tiene la facultad de decidir por todos nosotros y, en caso de duda, bien puede acudir al colegislador supremo? ¿Para qué habríamos de trabajar en comisiones si usted podría encargar nuestras labores a técnicos y expertos en las distintas materias, y después validarlas con la legitimidad de su representación legal y el permiso de su majestad, que encarna todos los poderes?

De acordar con el último monarca, sería más barato y menos humillante que redujera el otrora primer poder del Estado a un modesto despacho de Intendencia de Asuntos Legislativos.

Le sugerimos, Señor Presidente de la Asamblea Nacional, que responda cuidadosamente a esa carta, con dignidad, con prolijidad, con sentido histórico, con urgencia democrática, con mucha inteligencia política; pero, por favor, no desde la condición de subalterno de una voluntad monárquica, no como aspirante a un futuro cargo o a una futura candidatura.

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