Casos con fondo político ponen a prueba la Justicia

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Estefanía Celi R. Redactora

El juicio al asambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa no es el primero que plantea el presidente Rafael Correa. Es solo uno de la veintena de procesos judiciales que se han iniciado desde que está en el poder (2007).

Estos casos se han planteado desde tres ejes: por daño moral o injurias, en contra de la protesta social, y por supuestos atentados contra la seguridad interna del Estado, incluido el 30-S.

Algunas de estas querellas han sido interpuestas por Correa en calidad de ciudadano. Mientras que las otras fueron a través de los ministerios.

En siete de los ocho casos analizados en esta edición, los jueces fallaron a favor de las tesis del Gobierno.

El Observatorio de Derechos y Justicia, encabezado por el exlegislador Enrique Herrería, ve con preocupación el trasfondo político de estos juicios. " Hay una absoluta falta de independencia judicial. La propia Veeduría a la reforma de la Justicia, nombrada por Correa (2012), pone de manifiesto la manipulación del concurso para magistrados de la Corte Nacional".

Para Human Rights Watch la debilidad del sistema está en la figura de "error inexcusable" que se utiliza para destituir jueces (como los 136 jueces en el 2013), cuando en realidad sirve para una revisión de los fallos.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, reafirmó en enero que los jueces, al ser escogidos por concurso, son probos e independientes.

  • Tres opositores, acusados de injuria
    El asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa fueron demandados por el presidente Rafael Correa. Los acusa del delito de injurias, porque pusieron una denuncia contra él por los hechos del 30-S. Las tres instancias de la Justicia los encontraron culpables, a pesar de los recursos interpuestos por su defensa. El último recurso fue desechado la semana pasada, por lo que el proceso regresó a las manos de la primera jueza que conoció la causa, Lucy Blacio. El viernes anterior, ella emitió orden de captura en contra de Jiménez, Villavicencio y Figueroa y ofició a la Policía para su localización y detención.
  • 12 años de cárcel para líder indígena
    Pepe Acacho, actual legislador por Pachakutik, y Pedro Mashian, otro dirigente indígena, fueron sentenciados en julio a 12 años de reclusión mayor. Se los acusa del delito de terrorismo organizado, por la muerte del profesor Bosco Wisuma, fallecido durante una protesta en contra la Ley de Aguas, que es promovida por el gobierno de Correa. La justicia los halló culpables de haber avivado las protestas en contra de la normativa. Según la Fiscalía, Acacho instigó a indígenas a salir armados. La condena fue ratificada en segunda instancia por la Corte Provincial de Morona Santiago, un mes después de que la primera sentencia fuera emitida.
  • Un año de condena para 10 jóvenes
    El 3 de marzo del 2012, 10 jóvenes fueron detenidos en el sector de Luluncoto, en el sur de Quito. Se los investigaba por pertenecer a una presunta organización que estaría relacionada con la explosión de una serie de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca. En una cadena nacional que se transmitió por televisión, el Gobierno los acusó de ser los ideólogos del Grupo de Combatientes Populares. Conocidos como los '10 de Luluncoto', entre los que se encuentra Cristina Campaña fueron encontrados culpables de tentativa de terrorismo organizado y sentenciados a un año de prisión. En segunda instancia, la condena fue ratificada.
  • Carlos Pérez pasó ocho días en prisión
    Los líderes campesinos azuayos Carlos Pérez Guartambel, Efraín Arpi y Federico Guzmán, se entregaron voluntariamente, en marzo del año pasado, ante el Tribunal Primero de Garantías Penales para cumplir la sentencia en su contra. Ellos fueron condenados a ocho días de prisión, acusados del delito de interrupción de servicios públicos. El proceso se inició el 4 de mayo de 2010, cuando Pérez y las otras dos personas fueron detenidas durante protestas en contra de la Ley de Aguas. Inicialmente fueron acusados de sabotaje y terrorismo, pero el delito fue cambiado por la Fiscalía. Los dirigentes pasaron los ocho días en la cárcel y fueron liberados.
  • Fernando Balda, con dos sentencias
    El exasambleísta alterno por el Partido Sociedad Patriótica, Fernando Balda, tiene dos sentencias en su contra. La primera, de un año de prisión, ya la terminó. Se le acusó de atentar contra la seguridad interna del Estado, por difundir unos correos electrónicos que supuestamente revelaban una red de espionaje del Gobierno. Pero sigue recluido, cumpliendo una segunda condena, de dos años, por injurias calumniosas. Él fue deportado desde Colombia, según el Ministerio del Interior, por la situación irregular que mantenía en ese país. Balda asegura que, durante su estancia en Colombia, agentes ecuatorianos trataron de secuestrarlo.
  • Los procesos por el 30-S no terminan
    La revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 produjo la apertura de una decena de procesos judiciales. Uno de ellos es el del coronel César Carrión, acusado de intento de magnicidio al presidente Correa. Carrión fue declarado inocente en primera instancia por el Tribunal Quinto de Garantías Penales, después de lo cual los jueces fueron destituidos por "error inexcusable". Otras dos instancias superiores de la Justicia lo encontraron inocente y fue liberado después de pasar 20 meses en prisión. Otros procesos continúan. Desde mayo, el Gobierno, además, ofrece recompensas económicas por información sobre los sospechosos del 30-S.
  • Zamora y Araujo, más de la revuelta
    La profesora Mery Zamora, militante del Movimiento Popular Democrático (MPD), fue sentenciada a ocho años de cárcel. La Fiscalía la acusó de supuesto sabotaje y terrorismo, por participar junto con un grupo de estudiantes en una manifestación durante el 30-S. La defensa presenta recursos para evitar que la maestra vaya a la cárcel. También por el 30-S, el mayor Fidel Araujo fue acusado de presuntamente haber incitado a la rebelión. Fue sentenciado por a tres años de prisión. La semana pasada, esa instancia negó los recursos presentados por su defensa, por lo que prevén llevar el proceso a una instancia superior.
  • Llamados a juicio cuatro veedores
    Los cuatro integrantes de la Veeduría de los contratos de Fabricio Correa, hermano del Presidente, fueron llamados a juicio en febrero pasado. El Primer Mandatario los acusa de perjurio (falso testimonio), pues en su informe final, presentado en el 2011, la Veeduría concluyó que él sí tenía conocimiento de los contratos millonarios que su hermano mantenía con el Estado. Pablo Chambers, Gerardo Portillo, Víctor Hugo Hidalgo y José Quishpe conformaron la comisión que analizó los procesos. Después de más de cinco audiencias fallidas y de innumerables cambios de fiscales, el proceso avanza hacia la etapa del juzgamiento.


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