El caricaturista, ese incómodo personaje...

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Nancy Verdezoto F. Redactora

La caricatura es un género provocador. Lo fue siempre. Su esencia es incomodar al poder y por ello se la ha tachado en muchas ocasiones como "ofensiva" o "injuriosa"; y en ocasiones sus autores han sido condenados a la cárcel, fueron amenazados e incluso recibieron latigazos como condena.

La caricatura política, como género, nació en 1770 en Inglaterra. Se la tomaba como un mecanismo de defensa en contra de quienes manejaban los asuntos del Estado. En ella siempre iba implícita una opinión: la mirada del dibujante sobre determinados hechos.

Los caricaturistas han aprendido a convivir con estos riesgos. Lo sabe bien la sociedad danesa contemporánea. En el 2005, una revista publicó una viñeta con "los rostros de Mahoma". Las 12 imágenes del dibujante Kurt Westergaard desataron una crisis internacional por los reclamos de los islamistas en el mundo.

Un año después, la revista francesa Charlie Hebdo replicó esas caricaturas, que motivaron dos demandas en contra del medio, una por incitación al odio y otra por difamación e injuria pública. La publicación fue absuelta porque un Tribunal de Justicia consideró que, si se la sancionaba, "se podía afectar la libertad de expresión", lo que está prohibido en el país, salvo en casos de seguridad nacional.

Las críticas y ataques a las caricaturas se han repetido en innumerables ocasiones. En agosto del 2005, el caricaturista birmano Chit Swe fue condenado a un mes de prisión y suspendido por seis meses de ejercer sus funciones, por haber "desafiado las órdenes de las autoridades", tras revisarse sus trabajos con opiniones mordaces contra el gobierno.

Un año después, otro caso desató la alerta en el mundo. El argelino Alí Dilem fue sentenciado a un año de prisión y al pago de 50 000 dinares (550 euros) como multa, por haber publicado 10 viñetas del presidente Abdelaziz Buteflika en el diario Liberté, en el 2003. La Justicia consideró que el dibujante había cuestionado al Mandatario en "términos injuriosos o difamatorios".

América Latina no ha sido ajena a estos procesos judiciales en contra de los humoristas gráficos. En el 2007, el dibujante peruano Carlos Tovar, 'Carlín', fue condenado a dos años de prisión, junto a Gustavo Mohme, director del diario La República, y a los periodistas Ángel Páez y Edmundo Cruz, acusados de haber difamado a una funcionaria pública.

Pero los castigos no solo han quedado allí. Un iraní fue sentenciado a recibir 25 latigazos por dibujar a un diputado vestido de jugador de fútbol. Así ironizó sobre las interferencias del Gobierno en el deporte.

Estas resoluciones han sido cuestionadas por organismos de defensa de los DD.HH. y la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras ha sido una de las voces que ha criticado las resoluciones y ha demandado mayor tolerancia de parte de las autoridades estatales.

A pesar de ello, los dibujantes se organizaron y crearon la fundación Dibujos para la Paz, bajo la dirección del exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Esta iniciativa nació en el 2009 de la mano del dibujante francés Plantu, que trabaja para el diario Le Monde.

Según el caricaturista, muchos de sus colegas ponen sus vidas en riesgo por su trabajo, al punto que varios han sido amenazados en países como Argelia, China, Irán, Sudán y los territorios palestinos. "A nosotros nos pagan por ser subjetivos y debemos molestar a todas las formas de poder", declaró Plantu entonces.

En contexto  El debate sobre la libre expresión de los caricaturistas surge a propósito de la resolución tomada por el Superintendente de la Información, en contra del caricaturista 'Bonil' y del diario El Universo por un dibujo con una información que no fue verificada.

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