El gobierno de Rafael Correa no desea que Panamá, Costa Rica, Chile y Gran Bretaña concedan asilo político a los cuatros veedores del caso Gran Hermano.
Con ese objetivo, la Cancillería desplegó una ofensiva diplomática la semana pasada para explicar a esos países que los cuatro veedores “no son perseguidos políticos”. Desde el despacho del canciller Ricardo Patiño se solicitó los números de los diferentes ministerios de Asuntos Exteriores de esos países, para mantener un contacto fluido y directo.
En esos diálogos, la Diplomacia ecuatoriana señaló que los cuatros veedores que solicitaron el asilo político son juzgados por un delito común. Y que el Gobierno no está ejerciendo ningún tipo de presión sobre la Justicia, como lo sostienen los procesados, con Pablo Chambers a la cabeza.
Hasta la tarde de ayer corrió la información extraoficial de que los observadores buscaron refugio en la misión diplomática de Panamá. Sin embargo, el veedor Gerardo Portillo explicó a este Diario que no estaban en esa Embajada en Quito, sino en diferentes lugares por temor a recibir una orden de prisión.
Agregó que están a la espera de una respuesta positiva de alguna de las cuatro embajadas para recibir el estatus de asilados.
Pero Costa Rica dejó entrever que no accederá a la petición. El canciller Enrique Castillo afirmó que no se completó el pedido. “Pareciera que desistieron porque la solicitud que habían hecho por escrito estaba incompleta”. En cambio, de forma extraoficial, Chile señaló que era un tema en proceso. Ni Panamá ni Gran Bretaña se han pronunciado.