22 de November de 2011 00:01

Campaña mundial del Relator de la ONU para despenalizar el desacato

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El relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank de la Rue, iniciará una campaña mundial para despenalizar los delitos de opinión.

Así lo dio a conocer ayer durante el nuevo enlace de las radios independientes para analizar la libertad de expresión y la Ley de Comunicación, en el que participaron Exa FM, Ecuadoradio, Sucesos, Centro y Visión, por Quito. Por Guayaquil estuvo Radio City; por Cuenca, Ondas Azuayas; y Radio Libre, de Paraguay.

De la Rue, quien se enlazó telefónicamente, cuestionó la utilización del delito de desacato (injurias a autoridades) como una herramienta de los gobiernos para “censurar la crítica”.

Un ejemplo de ello, a su criterio, se evidencia en el juicio iniciado por el presidente Rafael Correa en contra de los directivos de diario El Universo, Nicolás, César y Carlos Pérez; y del ex editor de Opinión, Emilio Palacio.

Ellos fueron condenados en dos instancias a tres años de prisión y al pago de USD 40 millones como indemnización, por un artículo de opinión de Palacio.

“El Presidente está en legítimo derecho de ejercer acciones legales por una injuria. Pero no debería ser un tema penal. Además, el monto fijado en la sentencia está fuera de lo proporcional y puede llevar a la quiebra al medio”, manifestó De la Rue.

Señaló que es necesario que existan muchos medios de comunicación que permitan la pluralidad de opiniones. Precisamente, esta fue la principal preocupación de los periodistas que intervinieron ayer en el debate.

Para Gonzalo Rosero, de la Cadena Democracia (Exa FM), si se aprueba la Ley de Medios, tal como está planteada, los medios privados e independientes se extinguirán. “Se iniciará un riguroso control sobre la información. Aprobar estas leyes de Comunicación y de Telecomunicación son las consignas para que el resto de la estrategia global borre del radar a la sociedad ecuatoriana, democrática, plural y defensora de sus libertades”, sentenció.

Marcelo Dotti, de Radio Sucesos, dijo que es momento de que la ciudadanía, y no solo los periodistas, “reaccione para evitar que se le quite la libertad de decidir cómo informarse y acceder a la información completa”.

En ese sentido, Carmen Andrade, de Radio Centro, pidió a la gente que defendiera “su libertad de pensamiento y opinión”, como base del sistema democrático.

De la Rue, desde el teléfono, dijo que los gobiernos tratan de evitar que se los cuestione por el ejercicio de sus funciones, a pesar de que la crítica es una consecuencia por ejercer cargos públicos. Con esto coincidió Miguel Rivadeneira (Ecuadoradio). Según el radiodifusor, en las normas internacionales se determina que todo servidor estatal está sometido al escrutinio público y por ende a ser investigado o cuestionados por los medios de comunicación. Y que eso debe ser aceptado por las autoridades estatales.

Diego Oquendo (Visión) señaló que si se aprueba la ley, se vendrá la autocensura de los periodistas por temor a las represalias .

Enlace paralelo

El asambleísta César Montúfar participó en un foro de debate en la Radio Pública, organizado a la misma hora que el de las estaciones independientes. Según él, los medios de comunicación van a preferir transmitir programas musicales o deportivos, en lugar de noticieros. Por ello, consideró que se debe archivar el proyecto de ley y avanzar en uno nuevo.

Sin embargo, Marco Antonio Bravo, director del diario oficial El Ciudadano, manifestó que el país necesita de una Ley de Comunicación, que regule y norme los posibles excesos de la prensa.

El debate legislativo

Hoy continúa la sesión 136  del Pleno de la Asamblea, en la que se desarrolla el segundo debate del proyecto de ley de medios (será el tercer día de discusión). Las intervenciones de 36 legisladores están pendientes, cada una dura 10 minutos.

Fernando Cordero,  presidente de la Asamblea, dijo que esperan que se trate el informe para segundo debate y el informe complementario.

También  está pendiente  analizar una  resolución para demandar al Gobierno  el inmediato reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos por decreto ejecutivo.

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