28 de December de 2011 00:01

La baja policial motiva a Carrión a ir a la Comisión Interamericana

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El caso del coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo: denunciar que “se violaron” sus derechos al haber sido dado de baja de la institución armada.

“Vamos a ver cómo reacciona esta nueva campaña que se emprende para el 2012, donde este famoso proceso de la revolución ciudadana pretende consagrarse. Vamos a ver cómo se consagra ante una demanda internacional, donde el mundo entero va a saber que en el Ecuador no se respetan los derechos humanos”, dijo Stalin López, abogado de Carrión.

Esta decisión se tomó ayer, luego de que el Consejo deGenerales de la Policía notificara al oficial su separación de la Policía por supuestamente haber incurrido en una “mala conducta profesional, de conformidad a lo que dispone el art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, al haber lesionado gravemente el prestigio institucional y afectado a la moral y las buenas costumbres”.

Las explicaciones oficiales sobre esta decisión, sin embargo, resultan contradictorias. Ayer, el Ministerio del Interior, en un boletín de prensa señaló que la “mala conducta” se expresó en “la entrevista que Carrión concedió a un periodista de la cadena internacional CNN donde se refirió a la rebelión del 30-S sin autorización del Mando Superior”.

No obstante, en la resolución del Consejo de Generales se señala, como argumento principal, la declaración que dio Holger Guerrero, ex asesor de prensa del asambleísta Fernando Bustamante (A. País), en el proceso judicial que se inició contra Carrión, por presunto intento de magnicidio. Guerrero aseguró que había escuchado al entonces Director del Hospital de la Policía decir: “Ponle cianuro a ese hijo de p..., para que se muera rápido”.

Pero esta versión fue desestimada en el juicio penal, por no haber pruebas que la respaldaran.

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Pero para esta instancia policial, en su informe, esa versión “tiene validez probatoria, más aún cuando dichas expresiones se han hecho públicas a través del sitio electrónico web YouTube, donde se publicita la ‘declaración real del 30 de septiembre’”. El video, al que hace referencia el Consejo de Generales, es una cadena nacional realizada por el Gobierno, para sostener su denuncia en contra de Carrión

Otro de los abogados de Carrión, Vinicio Villa, aseguró que la decisión de darle la baja, no fue imparcial, porque se tomó la versión de dos testigos (Guerrero e Hiroshima Villalba, ex funcionaria del Ministerio de la Política) para sostener la supuesta mala conducta. Incluso denunció que estas declaraciones fueron incluidas en el proceso investigativo el 15 de diciembre del 2011, luego de que ya se habían emitido dos informes previos, en los cuales no se pudo demostrar la presunta mala conducta de Carrión.

Villa aclaró que ninguno de los dos testigos presentó su declaración en el sumario administrativo en la Inspectoría de la Fuerza Pública. De allí que para él, la decisión de remover a Carrión de su puesto, fue tomada desde hace mucho, cuando el presidente Rafael Correa criticó que el uniformado haya declarado ante la CNN que nunca vio a “ninguna persona con un arma” en la habitación del Hospital donde él estaba , durante los hechos del 30-S.

“Esto constituyó la crónica de una baja anunciada”, al cumplir con la “orden superior” del presidente Correa, explicó Villa.

El defensor señaló que la primera semana de enero se presentará ante el Consejo policial la reconsideración, para apelar la decisión que fue tomada, por ser “completamente injusta”.

Además, en enero también tienen previsto acudir ante la CIDH. para demandar al Estado, por supuesta violación a los derechos.

El informe por los daños al hospital policial, en espera

La  Contraloría General  todavía no emite el informe final de los daños causados a las instalaciones del Hospital de la Policía, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010.

Este proceso está en etapa de revisión de resultados. Es decir,  que se pidió una ampliación de las conclusiones emitidas en primera instancia, para determinar quiénes fueron los responsables de los daños y los montos en los cuales se perjudicó al Estado.
Este es el único caso que está todavía abierto, de las tres investigaciones que inició  la Contraloría sobre las afectaciones a los bienes estatales, durante el 30-S.
 
Los otros dos casos, el del Regimiento Quito y el  de la toma de la  Base Aérea, ya fueron resueltos.

El primero  se aprobó en abril del 2011. Allí se determinó que la revuelta policial le costó al país USD 1, 3 millones  por concepto de salarios de los policías. Sin embargo, no se pudo establecer quiénes  dieron mal uso   a los implementos policiales, como bombas lacrimógenas y  municiones.

Por ello, se pidió a la Policía que tomara las medidas necesarias para resarcir el valor pagado a los uniformados por el día no laborado.  Además, se solicitó al Ministerio del Interior que “vigile y exija que se cumplan los procesos legales respectivos en la investigación, para que se establezcan las sanciones correspondientes a los miembros policiales en las jornadas de protestas del 30 de septiembre del 2010”.

En el examen especial por la toma de la Base Aérea de Quito, la Contraloría resolvió, el 20 de diciembre del 2010, que el cierre del aeropuerto Mariscal Sucre significó una pérdida para el país  de USD 44 622,52, por “servicios aeroportuarios, facilidades aeronáuticas y utilización de la infraestructura aeronáutica”.

Además, se identificó  a 138 militares que participaron en la protesta ese día. Pero  en el informe no se pidió a la Comandancia  de la Fuerza Aérea que se los sancionara. Simplemente se pidió que los bienes se usen solamente “para labores institucionales”.

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