La Fiscalía General de la Nación analizará los contratos que se entregaron a Nutrivital. Ayer, el titular de esa institución, Washington Pesántez, se encontraba en Guayaquil, en una reunión para organizar la estrategia contra la inseguridad con el presidente Rafael Correa, pero sostuvo que analizará la denuncia aparecida ayer.
El Ministerio Público puede emprender una indagación previa por oficio, según lo señala el Código de Procedimiento Penal. La decisión sobre este caso pudiera tomarse en las próximas horas.Ayer, este Diario denunció que la empresa Nutrivital es una de las proveedoras de granola para el Programa de Alimentación Escolar. Y ha recibido 19 contratos por USD 8,6 millones, desde el 2009. La firma es de Javier Garzón Galarza y sus tres hermanos. Ellos son hijos de Mariana Galarza, coordinadora Nacional del Plan Aliméntate Ecuador.
La Ley de Contratación establece prohibiciones de contratar con el Estado para los familiares de los funcionarios hasta en cuarto grado de cosanguinidad. Aunque el reglamento contradictoriamente limita la prohibición para los familiares que reciban contratos de la entidad donde trabaja el funcionario.
Fuentes de la Fiscalía consultadas dijeron que en este caso se podría configurar un presunto delito de peculado impropio, tipificado en el artículo 257 del Código Penal. “Este artículo se refiere a la adjudicación ilícita de contratos en el sector público”, dijo un fiscal consultado.
En la Asamblea hubo diversas reacciones críticas a la denuncia. El asambleísta Marco Morillo aseguró que pediría al Ministerio de Educación la información referente a la compra y venta de productos para el desayuno escolar, para comprobar si ha existido corrupción. “Si logramos comprobar las versiones de los medios iniciaremos un proceso de fiscalización, para plantear un juicio político a la ministra de Educación, Gloria Vidal”. Además, pedirán a las autoridades de control y de justicia que investiguen el caso. “Es terrible lo que ha pasado, van a salir muchas cosas. No solo del Ministerio de Educación sino de muchos otros y eso amerita una investigación seria. Muchos se rasgan las vestiduras diciendo que son tiempos nuevos, pero el rato de los ratos defienden a los que se comen los cheques, a los que cometen actos de corrupción, penados por la ley”, dijo Morillo.
La Comisión de Derechos Colectivos que preside Morillo, ya inició una indagación a Vidal, por la asignación de los cupos para la dotación del desayuno escolar. La Mesa de Educación también solicitó la comparecencia de la Ministra, pero aún no ha fijado fecha. Esto por pedido del legislador del MPD, Jorge Escala, quien presentó supuestas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según las denuncias de Escala, el presupuesto para la dotación de alimentos creció, mientras que la cobertura y el tiempo de entrega se redujo. Esto, contradice las versiones del Gobierno, que asegura que se amplió el número de beneficiarios y de días de reparto. “Ya no saben por dónde salirse. Las cuentas que tienen no les coincide y quieren tapar el sol con un dedo”, criticó Escala.