14 de December de 2010 00:00

Asamblea: más anomalías en los contratos

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Unidad de Investigación

A las ilegalidades detectadas por la Contraloría en la contratación de asesores de la Asamblea de Montecristi, se suman una serie de irregularidades en la adquisición y alquiler de bienes y prestación de servicios.

Los resultados de la auditoría, con indicios de responsabilidad penal -a los cuales accedió este Diario- fueron entregados a la Fiscalía el 27 de agosto del 2008, por el titular de la Asamblea, Fernando Cordero. Desde esa fecha, la Fiscalía abrió una indagación en la que aún están pendientes algunas diligencias, incluido el pedido del levantamiento de la inmunidad de un ex asambleísta.

Hace un par de semanas, el asambleísta Andrés Páez denunció, entre otras cosas, que 29 asesores de los asambleístas presentaron informes de su gestión con firmas adulteradas.

El examen de Contraloría correspondió al período 29 de noviembre del 2007 - 5 de junio del 2008. En ese lapso, el funcionamiento de la Asamblea costó USD 28,8 millones, de los cuales 19 millones se invirtieron en el pago de 726 funcionarios.

Se gastaron USD 2,6 millones en servicios básicos y generales, en traslados y viáticos, instalaciones, reparaciones... Para las adquisiciones se declaró el estado de emergencia, “por la grave conmoción que podría causar la no instalación de la Asamblea”.

En total, se adquirieron y arrendaron bienes y servicios por USD 4,1 millones. En cuatro procesos, que suman USD 100 000, no hubo contratos y en dos casos ni siquiera se registró el valor pagado. Por ejemplo, para el manejo publicitario y el servicio de transporte. “Se adquirieron bienes y servicios que, en dos casos, sus contratos fueron firmados luego de la prestación del servicio con dos empresas. En otros dos procesos el servicio se dio sin la firma del contrato. Además se realizó la contratación directa de servicios con siete firmas, cuyos bienes se adquirieron sin un sustento legal, pues aún no se había emitido la resolución que los amparara.

Adicionalmente, se examinó la compra de la alfombra roja que se usó en la inauguración de la Asamblea. Ese producto costó USD 12 430, para lo cual se adjuntaron tres pro formas de Alfombras Courtin, Rocari SA y Henríquez Aguilera Jorge. Al ser consultados sobre sus pro formas, Rocari y Alfombras Courtin negaron haber cotizado en la Asamblea, y aseguraron que los documentos eran adulterados.

El proveedor que vendió la alfombra tampoco respondió a la Contraloría sobre la calidad del producto ni el nombre del funcionario que lo requirió.

El director administrativo de la Asamblea, Francisco Torres, respondió que “era imposible identificar a las personas que presentaron las cotizaciones, pues no era obligatorio...”. También se establecieron anomalías en la adquisición de equipos para el sistema de comunicación satelital y radial con la firma Comsatel. Se adjuntaron facturas de Accesfast y Comunicaciones H-G. Al ser consultado, el representante de Accesfast dijo que “las facturas proformadas a la Asamblea no fueron emitidas por mi empresa... nunca he tenido contacto con ningún funcionario de la Asamblea”. Sobre Comunicaciones H-G, quien firmó la cotización dijo no conocer al funcionario que pidió la pro forma, y que ya no labora en esa firma. Según el Director Administrativo, “es imposible identificar a la persona que presentó la propuesta... pues es un documento que ha llegado como tantos a la Asamblea antes del inicio de sus actividades”.

La Dirección Administrativa también contrató los servicios de una profesional como coordi-nadora de la Unidad de Comu-nicación desde diciembre del 2007, con un salario de USD 2 400. Adicionalmente el director de Comunicación, Orlando Pérez, requirió que se contratara a las empresas Crea Comunicación y Talento Digital para el monitoreo de medios y la grabación de las sesiones. Por sus servicios, Crea recibió USD 11 557 y Talento USD 8 165. Según registros de la Superintendencia de Compañías, la gerenta de Crea y presidenta de Talento Digital es la misma funcionaria contratada como coordinadora de Comunicación.

La Contraloría estableció que la contratación no estaba permitida, pues según la ley los servidores públicos no pueden mantener contratos con el Estado.

Al responder los cuestionamientos de Contraloría, la profesional respondió que ella no puede ser considerada servidora pública, pues solo tuvo un contrato de servicios ocasionales y que los contratos de servicios fueron suscritos con personas jurídicas distintas”. No obstante, el reglamento interno de la Asamblea dice: “Toda persona que trabaje para la Asamblea tendrá la calidad de servidor público”. Pese a que este Diario acordó una entrevista con Pérez, para ayer lunes, a la hora pactada no respondió su celular.

USD 178 586 para celulares

Para que los asambleístas puedan comunicarse oportunamente, se contrató un plan corporativo con Movistar, que incluyó la provisión de 140 celulares.

La Comisión Directiva de la Asamblea acordó cubrir USD 40 dólares del costo del servicio para cada asambleísta. No obstante, se terminaron emitiendo facturas por el servicio de 185 celulares, es decir 45 aparatos más.

El servicio de los 45 celulares nunca fue autorizado por la Comisión Directiva, según el informe de la Contraloría.

Hasta el 21 de octubre del 2008, por este servicio se pagaron USD 178 586, de los cuales USD 12 257 corresponden al uso de aparatos no autorizados.

Eso ocurrió “por cuanto el Director Administrativo no cumplió con la resolución de la Comisión Directiva”, indica la auditoría.

Al respecto, el Director Administrativo sostuvo: “...Vista la realidad institucional y la dinamia de operatividad alcanzada en la gestión mediante la telefonía celular, se autorizó se dote de más celulares a varios funcionarios, lo que fue ratificado por la Comisión el 15 de octubre. Además, la Dirección estaba facultada para esa contratación”. No obstante, según el examen, la Comisión jamás se reunió para tratar ese tema. Además, se determinaron anomalías en el uso de 191 pasajes de cortesía de Ícaro, “sin que se evidencien las razones de su entrega y la autorización correspondiente”.

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