Mauro Andino, presidente de la Mesa de Comunicación, aseguró que tener una Ley de Medios provisional, dictada por la Corte Constitucional, “sería lo peor, sería demostrar incapacidad sin nombre de la Asamblea para permitir que otros nos den haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Obviamente si por desgracia no tuviéramos los votos habría que recurrir a lo que manda la Constitución”.
Sobre la posibilidad de archivar el proyecto y empezar de cero con otro cuestionó: “¿Para qué? Para que vuelva a la Asamblea, a una comisión y para que igual termine con un probable veto o un allanamiento del Presidente, se ha debatido tanto, se ha socializado tanto, foros, charlas, más de 600 observaciones, solo de eso se podía sacar tres leyes, qué más”.
Andino aseguró que el documento que ha circulado en estos días, incluido en El Telégrafo, no es oficial. Acotó que no lo ha entregado ni al Presidente de la Asamblea. Y ratificó que el viernes, la bancada de Alianza País lo estudiará. Respondió que no está prevista la presencia de alguien del Ejecutivo, pero no descartó eso. Comentó que esta noche, en la cena de Carondelet espera tener tiempo para conversar sobre la Ley de Comunicación con el presidente Rafael Correa.
Consultado sobre lo que dice su texto sobre la reserva de la fuente indicó que se trata de una figura universal y que no solo se lo aplica o practica o se respeta en Ecuador sino en los países democráticos del mundo, así consta en tratados y convenios internacionales, en particular en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En el texto por ahora se dice que “ninguna persona que realice información de interés general podrá ser obligada a revelar su fuente salvo cuando los datos difundidos sean manifiestamente erróneos o falsos o no puedan ser corroborados con otras fuentes o además hayan afectado la honra y otros derechos fundamentales, el orden constituido y siempre que medie orden judicial debidamente fundamentada”.
Según Andino, quienes informan a través de medios de comunicación tienen que hacerlo en base a un sustento, pruebas, documentos. Dijo que un comunicador no podrá confiarse únicamente de la palabra de un tercero, “que le diga que otra persona está vinculada al narcotráfico, y decir que la señora xx o tal persona es narcotraficante si por desgracia no tuvo soporte o pruebas, es obvio que quien se sienta perjudicada por esa info falsa, sesgada, que puede lesionar derechos humanos tiene el derecho de pedir réplica, rectificación o respuesta o inclusive a través de vía judicial, instaurar una acción de carácter penal, se atenta contra la fama, reputación, o dignidad, se deja una excepción como en toda ley”. En este punto el presidente Fernando Cordero le dijo que discrepaba y que la reserva de la fuente debe ser sin restricciones.
El oficialista recordó que los puntos más controversiales de la ley son la conformación del Consejo de Regulación, sus atribuciones o facultades, el tema de las frecuencias, los plazos de concesión de ellas, la distribución y reversión. También el tema de la profesionalización. Reiteró que una ley “debe tener una consecuencia jurídica. Si un conductor se pasa un semáforo rojo o un médico causa una discapacidad debe someterse a la justicia, igual si se publica algo inexacto”.
Señaló que Cordero le pidió que los códigos deontológicos sean vinculantes, que se especifique las normas que deben o no cumplir los medios. Aspira que el articulado se vote en enero. Dijo que cuando llegue a un acuerdo en el bloque, el documento será publicado en los periódicos.