El pronóstico se cumplió. La aparente armonía que se vivía en la Comisión ocasional de Comunicación se iba a romper cuando se trataran los temas más polémicos de la futura Ley de Medios. Esto es el control y las sanciones a los medios de comunicación.
El asambleísta César Montúfar hizo la advertencia hace un mes, cuando dijo no confiar en los acuerdos que se llegaban en la Comisión. A su juicio, los miembros de Alianza País han cedido posiciones para acercarse a la oposición y honrar el acuerdo que el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, impulsó el 17 de diciembre. Pero cuando llegara el turno de abordar la integración del Consejo de Comunicación, Montúfar dijo que el oficialismo seguiría la tendencia planteada desde el Gobierno.
Eso se vivió ayer en la sesión 48 de la Comisión. Sus integrantes se reunieron más de seis horas, sin alcanzar resultados concertados.
Los miembros de A. País, que son mayoría en la Comisión, querían que por lo menos un representante del Ejecutivo formara parte del Consejo, ente clave en el manejo del Sistema Nacional de Comunicación que se pretende instalar en el país cuando entre en vigencia la nueva ley.
Pero la oposición pedía respetar el acuerdo legislativo sobre un Consejo de Comunicación independiente “del interés político y de los poderes fácticos”. En ese sentido, Montúfar propuso que se creara un Consejo de corte ciudadano y que las potestades para administrar el Sistema Nacional de Comunicación y para sancionar a los medios fueran entregadas al Defensor del Pueblo.
No se logró un acercamiento entre las dos posiciones. Nadie cedió. La sesión fue suspendida para reanudarla hoy, a las 10:00.
La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (A. País) aseguró que se ha respetado el acuerdo liderado por Cordero y que la oposición pretende crear un Consejo “híbrido, que se convierta en veedor, donde no se pueda hacer nada”. Por eso defendió la participación de delegados del Ejecutivo.
Para Lourdes Tibán (Pachakutik) la propuesta de Carrillo pretende consolidar la intención del Gobierno para sancionar y controlar a los medios que los “considera corruptos. Hace tiempo que perdí interés por la ley, porque es seguro que el Presidente (Rafael Correa) la vetará como quiera”.
Otro sector que tiene dudas sobre el trabajo de la Comisión es la Unión Nacional de Periodistas (UNP).
Ayer, en rueda de prensa, este gremio dijo que tres cosas no pueden ser negociables en la elaboración de la futura ley: el respeto a la Constitución, a los tratados internacionales sobre Comunicación y el acuerdo de diciembre.
Su titular Vicente Ordóñez envió una carta pública que evidencia su descontento. “Durante tres meses que se está preparando el informe para segundo debate, la Comisión ha receptado observaciones y sugerencias de actores sociales y políticos, pero no hay la seguridad de que se las vaya a incorporar al texto final”.