30 de January de 2011 00:00

200 000 contravenciones no se sortearon

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Sin tener un cargo judicial, Geovanny Meléndez, montó un sui géneris negocio en la Sala de Casilleros de la Corte de Quito.

El hombre instaló dos máquinas para copiar llaves. La idea era lucrativa, pues 6 500 abogados que poseen casilleros podían ser sus potenciales clientes.

No obstante, ninguna autoridad del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sabía de la existencia de Meléndez y de sus máquinas. Eso se evidenció el 30 de noviembre pasado, cuando José Crespo, director de la Judicatura de Pichincha, ordenó un operativo sorpresa, en la noche.

Funcionarios de la Corte de Quito entraron a la Sala de Casilleros y hallaron las máquinas, y cientos de llaves y cerraduras en cartones. Todo se encontraba en la oficina del jefe de esa dependencia, Wilson Andrade.

Él es un judicial con 15 años de experiencia y que se le encargó la administración de las salas de Casilleros y Sorteos, por lo que recibía un sueldo mensual de USD 2 700, en promedio.

Al revisar los archivos comprobaron que esas copiadoras no pertenecían a la Función Judicial. Mientras que los 18 funcionarios de la Sala de Casilleros dieron diversas versiones sobre la procedencia de esos equipos, contó uno de los judiciales que estuvo a cargo de la indagación.

Primero dijeron que las máquinas copiadoras funcionaban desde hace dos meses. Sin embargo, Andrade sostuvo que el hombre operaba a sus espaldas, mientras él se encontraba con un permiso médico, lo cual fue desmentido por varios testigos.

Andrade y algunos de sus subalternos no pudieron explicar quién autorizó a Meléndez para que operara en una oficina pública. Pese a que los funcionarios coinciden en que su presencia era constante, él aseguró que solo había encargado los equipos.

Entonces, las sospechas de que algo turbio estaba ocurriendo se multiplicaron. La Sala de Casilleros es vital en el sistema judicial: allí se notifican las providencias de todos los juzgados de Quito y cualquier manipulación de sus seguridades (por ejemplo, obtener ilegalmente la copia de la llave de un casillero) pone en riego el debido proceso.

“Esta noticia es preocupante porque se pudieron perder las boletas que eran notificadas”, opinó el ex presidente de la Corte Suprema, Jaime Velasco.

Ante esos riegos, la delegación de Pichincha del Consejo de la Judicatura abrió un sumario en contra de Andrade. El presidente del CNJ, Benjamín Cevallos, informó que el funcionario fue suspendido y que hay un informe que pide su destitución.

Pero esa no es la única anomalía. A cargo de Andrade también estaba la Sala de Sorteos. A esa dependencia llegan diariamente las notificaciones de juicios penales, civiles, laborales, desestimaciones fiscales y contravenciones viales.

La misión de la sala es ordenar los documentos y repartirlos, mediante un sorteo computarizado, a los juzgados de cada área.

Una auditoría a la gestión de Andrade reveló que 200 000 contravenciones de tránsito nunca salieron de su despacho, desde el 2009, por lo cual no fueron notificadas a los jueces para que las resuelvan.

También permanecieron archivadas, sin explicación, 1 200 desestimaciones fiscales, desde el 2008. Estas cifras angustian a las autoridades, pues se dejó en indefensión a ciudadanos, se restó ingresos al Estado, lo cual contribuyó a la inseguridad vial.

Para el ex ministro de la Corte Superior de Quito, Fernando Gándara, este caso es muy grave, pues, a más de que el Estado dejó de cobrar las multas, el chofer sancionado no pudo impugnar la contravención.

Según la Ley de Tránsito, hay varios tipos de contravenciones, que van desde la llamada de primera clase (conducir un auto sin placas) hasta la muy grave (manejar con licencia anulada o ebrio).

Estas infracciones reciben multas que van desde el 5% de un salario mínimo hasta uno completo. Actualmente, los pagos irían desde los USD 13 hasta los 264. Además, prevé la reducción de puntos en la licencia del conductor infractor.

El mayor Juan Zapata, de la Dirección Nacional de Tránsito, estimó que el Estado dejó de percibir USD 40 millones, por las contravenciones en todo el país. El oficial no ocultó su indignación por el caso de la Sala de Sorteos de Quito, ya que eso sería “jugar con el trabajo del policía, que cada día vigila en la calle para frenar los accidentes”.

A eso se suma la impunidad de los infractores de esas 200 000 contravenciones . En los archivos de la Policía hay 13 000 choferes que debían perder su licencia en todo el país si sus casos hubieran llegado a las manos de un juez. “El conductor de la Cooperativa Reina del Camino que ocasionó la tragedia, donde murieron 39 personas, tenía 61 puntos menos en su licencia de conducir”.

En el tema de las desestimaciones no notificadas -agrega Gándara-, la repercusión es que los procesos se mantienen abiertos indefinidamente, pues el juez no pudo conocer la opinión fiscal.

En su defensa -incluida en el expediente de la Judicatura- Andrade sostuvo que no contaba con el personal ni equipos para procurar un efectivo sorteo de las causas. Esas limitaciones perjudicaron su tarea, justificó sin convencer a las autoridades.

Desde la suspensión de Andrade, las salas de Sorteos y de Casilleros fueron encargadas a Rufo Guerrero. Él empezó su tarea organizando un sorteo urgente de las contravenciones rezagadas. Estudiantes, bajo la figura de la pasantía, empezaron a ayudarlo en esa tarea. Cada día se llegan a sortear de 400 a 500 contravenciones, pero el tiempo se agota pues miles están por caducar.

En  la Judicatura 

En el Consejo  de la Judicatura  se analiza el expediente a  Wilson Andrade. Se lo acusa de, presuntamente, violar la Ley de Servicio Público y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Según el sumario, el judicial “no respondió ni rindió cuentas por el cuidado y conservación de los documentos a su cargo”. Además, violó el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial que prohíbe que los locales de la Función sean usados para actividades ajenas a las que han sido destinadas.

También se lo indaga  por el artículo 22 de la Ley de Servicio Público, que ordena que los funcionarios  deben cumplir sus tareas con eficiencia. 

El Departamento  Disciplinario de la Judicatura  analiza las pruebas de cargo y de descargo. Existe el pedido de las autoridades de Pichincha para que los empleados sean separados definitivamente de la Función.

El Consejo de Participación  y Control Social se quejó por la falta de agilidad en la entrega de casilleros durante la administración  de Wilson Andrade.

El Departamento Jurídico  de ese poder estatal pidió que se le entregara una bóveda para recibir sus notificaciones. El organismo denunció que no se otorgó el casillero a pesar de que habían 400 libres.

El jueves pasado  se realizó una minga en la Sala de Sorteos. La intención era tener toda la documentación en orden.   

La indagación en la Fiscalía

En el escritorio de  Wilson Andrade  se encontraron pasaportes de mujeres, cheques y papeles firmados en blanco. Estos documentos, que  estaban protegidos por un depositario judicial hasta la semana pasada, fueron entregados  a su propietario.

Por eso, el Consejo de la Judicatura pidió a la Fiscalía de Pichincha que investigue lo que ocurrió con esos documentos. 

La Fiscalía   ya abrió una indagación para determinar las supuestas irregularidades en las salas de Casilleros Judiciales y Sorteos. Se busca comprobar en qué se usaron las  copiadoras de llaves que fueron encontradas en el operativo de noviembre.  El expediente está en manos del agente Luis Enríquez. Las acciones son reservadas, según  el Código de Procedimiento Penal.

Hasta el momento, se entregaron las  evidencias que hallaron  dentro de la Sala de Casilleros  Entre ellas, fotos de las  máquinas copiadoras, las llaves y cerraduras  y otros documentos.

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