30 de agosto de 2016 00:00

Policías y fiscales allanaron sedes de la UNE en dos ciudades

Elvis Moreira (izq.), Ciro Guzmán y Rosana Palacios, en las afueras de la UNE. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Elvis Moreira (izq.), Ciro Guzmán y Rosana Palacios, en las afueras de la UNE. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Diego Bravo
Diego Puente

A los 11 días de emitida la resolución que declara disuelta a la Unión Nacional de Educadores (UNE), empezó a concretarse el proceso de liquidación del organismo.

La madrugada del 29 de agosto, dos de las sedes del gremio de maestros, ubicadas en Quito y Guayaquil, fueron allanadas. Un grupo de agentes de la Policía Judicial acompañó a los fiscales. En el caso de la capital estuvo el fiscal Luis Sánchez León.“Incautamos equipos de computación que, de ser necesario, se someterán a pericias”. Añadió que lo de ayer fue un acto urgente, que ejecutó como fiscal de turno exclusivamente.

El hecho, para la dirigencia, fue calificado como “asalto” a las instalaciones de la orga­nización. Ciro Guzmán, abogado de la UNE, dijo que no hay sustento legal “para invadir y peor pretenderse tomar los locales”.

Pero, según las autoridades a cargo de la acción, se cumplió con el debido proceso. “Se actuó con la ley, se constituyó la comisión liquidadora, la cual invitó en reiteradas ocasiones públicamente, por escrito, para que se entregue la documentación y no lo hacen”, dijo el ministro de Educación, Augusto Espinosa.

Los dos allanamientos no fueron los únicos pasos que se dieron dentro del proceso de disolución de esta organización sindical, que tiene 66 años de vida jurídica. Esto, porque ayer empezó a funcionar la comisión liquidadora, cuyos integrantes la UNE desconoce.

Esta comisión trabaja en una oficina ubicada en las instalaciones del Colegio Manuela Cañizares, en la calle Wilson y 6 de Diciembre, en el norte de Quito.El 29 de agosto una docente, quien pidió la reserva de su nombre, presentó la primera denuncia en contra de la UNE.

Ella señaló que la organización le descontó USD 10 al mes, desde el 2006 hasta el 2010, sin su consentimiento.

El 19 de agosto del 2009, a través de la circular 082, el entonces ministro, Raúl Vallejo, ordenó que desde ese mes no se descontara vía rol de pagos la cuota o aporte para la UNE. Entonces, el gremio, que no ha ocultado su cercanía al extinto MPD, hoy Unidad Popular, empezó la campana ‘Soy maestro, soy de la UNE’, para tratar de mantener a sus socios.

La profesora, que dejó la primera denuncia en la comisión liquidadora, adjuntó una copia de cédula. También escribió su nombre, correo electrónico y celular en una hoja que le entregó personal de la Subsecretaría de Educación de Quito. Esta envió la circular el jueves 18 de agosto.

Hasta la oficina de la comisión liquidadora llegó Lidia Morejón. Aclaró que acudió a un llamado. Pero no puso una denuncia contra la UNE. “Por 25 o 30 años aporté. Vine a preguntar por qué nos llegó un mensaje de texto ”.

En Guayaquil había preo­cupación la tarde de ayer porque la Policía desalojó la sede de la UNE. Eso generó forcejeos con profesores que estaban en el interior del edificio. Los uniformados ingresaron para cumplir con el proceso de disolución de la entidad, decretado por el Gobierno el pasado 18 de agosto.

Rosana Palacios, presidenta nacional de la UNE, ha reiterado que el informe económico lo ha rendido a los socios. Y que no tiene por qué hacerlo ante una comisión que desconoce. Tampoco ha aclarado cuánto recogen al mes o al año como aportes de sus actuales socios, alrededor de 40 000. En el 2009 eran más de 100 000.

Uno de los antecedentes que la dirigencia recuerda es lo de 1978, cuando el Triunvirato les quitó la personería jurídica. Hubo una paralización de las clases durante 29 días, en mayo. Un año después, el Congreso les devolvió la legalidad y el presidente Jaime Roldós les subió los sueldos. En 1983, otra vez volvieron a responder con un paro, que duró tres meses.

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