La general Ivonne Daza, directora Nacional de la Dinapen, durante una rueda de prensa sobre la detención de un grupo de personas que se dedicaban a la explotación infantil. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
La Policía detuvo a ocho personas el sábado 28 de enero del 2017, por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El operativo llamado Horus se llevó a cabo en los sectores de Iñaquito, Comité del Pueblo y Calderón, en Quito.
Así lo informó la general Ivonne Daza, directora Nacional de la Dirección Nacional Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), durante una rueda de prensa llevada a cabo la mañana de este lunes 30 de enero del 2017 en esta entidad.
Según Daza, luego de tres meses de investigaciones, se logró identificar a esta presunta banda que habría obligado a los menores a vender caramelos y otros objetos de forma informal en las inmediaciones de un centro comercial del sector de Iñaquito.
Las autoridades policiales presumen que las víctimas eran obligadas a trabajar y a mendigar desde las 10:00 hasta las 23:30, y en ocasiones, “a involucrarse en hechos ilícitos”.
Las ganancias de las ventas eran retenidas por los miembros de esta organización, sostiene Daza, quienes son familiares directos de los menores supuestamente involucrados.
Con el apoyo tecnológico de drones se realizaron sobrevuelos por distintos sectores de la capital para identificar a los sospechosos, explica el teniente coronel William Guayaquil, jefe de la Unidad Anti Trata de la Policía Nacional. Durante el operativo se habría “rescatado” a 17 presuntas víctimas. De estas, 11 son niños entre tres y cinco años de edad y seis son adolescentes en edades de 14 y 17 años.
Según la Directora Nacional de la Dinapen, además de las ocho personas detenidas, se allanaron seis inmuebles, se retuvo un vehículo y se decomisó joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tablets, cámaras fotográficas, documentos y mercadería que habría sido comercializada por los menores.
Daza explica que los niños pasarán al programa de víctimas y testigos e irán a casas de protección. De acuerdo a lo que disponga la autoridad competente, se determinará si van a familiares ampliados o si se quedan en casas de protección.